Junts vivió este jueves un momento de triunfo en el Congreso. Diputados, senadores y una delegación de alcaldes del partido independentista se reunieron en el patio del palacio de la Carrera de San Jerónimo para celebrar la aprobación de la reforma legal que endurece las penas por delitos leves repetidos. “Los ladrones que asustan a nuestra gente ya no entrarán por una puerta y saldrán por la otra”, declaró Miriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara, en referencia a la normativa recién aprobada.
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La iniciativa, impulsada por Junts y respaldada por el PSOE junto a toda la derecha, recibió 302 votos a favor —PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN—, 36 en contra —Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG— y 8 abstenciones —ERC y Coalición Canaria—. La reforma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes cometan más de tres delitos leves, incluyendo hurtos y estafas menores, y establece medidas específicas para el robo de dispositivos electrónicos con datos personales. Además, refuerza la capacidad de los jueces para prohibir el acceso a determinadas zonas a reincidentes.
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El acuerdo del PSOE con la derecha generó críticas de sus socios de izquierda. Enrique Santiago, de Sumar, acusó a los socialistas de adoptar “argumentos de la ultraderecha más reaccionaria” y cuestionó si se trata de un “experimento de gran coalición” con el PP. Desde Junts, en cambio, destacaron que la norma responde a demandas muy extendidas en Cataluña y subrayaron que la relación con el Gobierno sigue rota a pesar de este paso.
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El pleno también dejó otras derrotas parciales para el Ejecutivo: la reprobación al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la tragedia de Adamuz y los problemas en Rodalies, y la caída de una proposición no de ley del PSOE en defensa de la legalidad internacional, bloqueada por PP, Vox, UPN y la abstención de Junts.
La reforma aún debe pasar al Senado, pero el PSOE confía en que pueda mejorar temporalmente el clima político con Junts, aunque la relación con el partido independentista sigue condicionada por otras demandas pendientes, como la ley contra ocupaciones y la gestión de competencias de inmigración en Cataluña.
