La Guardia Civil ha puesto en marcha una campaña de inspección para revisar una por una las más de 18.800 armas de alarma y señales —conocidas como detonadoras— que existen en España, con el objetivo de impedir que sean manipuladas y convertidas en armas de fuego reales. El plan se prolongará hasta febrero de 2027.
Estas armas, que a menudo se confunden con las de fuego por su apariencia, pueden ser adquiridas por cualquier persona mayor de edad siempre que justifique su uso en actividades concretas como el cine, el deporte, el adiestramiento canino profesional o las artes escénicas. Aunque los cartuchos de estas pistolas solo percuten sin expulsar proyectiles, su posible transformación ilegal preocupa a las autoridades.
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El teniente coronel Miguel Ángel Quesada, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE), explicó en una entrevista con EFE que la iniciativa responde a la creciente inquietud en Europa por la proliferación de detonadoras manipuladas, especialmente en algunos países de los Balcanes, donde se han detectado casos de conversión en armas reales.
Ante este escenario, la Unión Europea ha creado un grupo de expertos para estudiar medidas que dificulten dichas transformaciones y endurezcan las sanciones. España, a través de la ICAE, participa en ese grupo y ha decidido adelantarse con una campaña nacional de control.
La revisión será exhaustiva. Los agentes comprobarán la documentación de los titulares, el estado de las armas y la actividad de los establecimientos autorizados para su venta. Las armerías y tiendas de artículos deportivos deben comunicar al instituto armado, en un plazo máximo de quince días, todas las transacciones de este tipo de armas.
Los propietarios están siendo contactados para acreditar que siguen siendo titulares de las detonadoras y que continúan ejerciendo la actividad para la que las adquirieron. Si no pueden justificarlo o si se detecta manipulación, el arma será retirada.
Por ahora, la Guardia Civil no ha constatado la entrada en España de detonadoras transformadas, pero comparte la preocupación europea de que puedan acabar en manos de la delincuencia organizada o del narcotráfico.
Esta campaña se suma a otras actuaciones recientes en materia de control de armas. En 2025, la Guardia Civil llevó a cabo inspecciones tras detectar la falsificación de certificados necesarios para obtener licencias de tiro deportivo, un fraude que finalmente se confirmó como un caso aislado ocurrido en 2024.
Además, la ICAE ha creado un punto focal nacional de armas para centralizar el intercambio de información con otros países europeos. Este órgano recopila datos sobre armas incautadas, analiza el tráfico ilegal y apoya investigaciones policiales en coordinación con Europol e Interpol.
