La Audiencia Nacional interroga este martes a los principales mandos policiales de la etapa de Rajoy. Las defensas buscan la nulidad de la causa alegando que la investigación sobre la fortuna en Andorra nació de una «guerra sucia» contra el independentismo.
El juicio contra la familia Pujol Ferrusola entra en su fase más crítica. Tras más de veinte sesiones, el tribunal presidido por José Ricardo de Prada recibe hoy los testimonios del comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros antiguos altos mandos de la denominada «policía patriótica». Estas comparecencias, admitidas a última hora, representan la gran apuesta de la defensa para tumbar el caso por una supuesta vulneración de derechos fundamentales.
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El objetivo: La nulidad por «contaminación»
El abogado Cristóbal Martell, que coordina la defensa de los Pujol, sostiene que la investigación está viciada de origen. El argumento principal es que las pruebas clave sobre la fortuna oculta en Andorra proceden de maniobras ilegales enmarcadas en la llamada «Operación Cataluña».
Si la defensa logra demostrar que el proceso se basó en pruebas obtenidas mediante coacciones o robos de información, podría forzar la nulidad de todo el procedimiento, dejando sin efecto la confesión que el expresidente Jordi Pujol realizó en 2014.
Testigos clave en el estrado
La jornada de hoy cuenta con nombres propios que han protagonizado los episodios más oscuros de la historia policial reciente:
- Eugenio Pino: El ex director adjunto de la Policía (DAO), ya condenado por entregar un pendrive con datos robados de los Pujol a la UDEF.
- José Manuel Villarejo: El comisario jubilado, quien sostiene que la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA) fue una operación política de Mariano Rajoy para frenar el procés.
- Marcelino Martín-Blas: Exjefe de Asuntos Internos, acusado por los dueños de la BPA de coaccionarles para obtener datos bancarios de la familia del expresidente.
El límite del Tribunal: «No es un juicio a la Operación Cataluña»
Pese a la relevancia de los testimonios, el magistrado José Ricardo de Prada ha lanzado una advertencia clara a las partes: los interrogatorios deben ceñirse estrictamente a los hechos juzgados. El tribunal ha subrayado que no permitirá que la sesión se convierta en un «proceso dentro del proceso» sobre las cloacas del Estado, rechazando cualquier desvío de las cuestiones esenciales de la causa económica.
