La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al juzgado de instrucción número 41 de Madrid en el que concluye que no existen registros de vuelos internacionales compartidos entre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
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La investigación, encargada por el magistrado Juan Carlos Peinado, buscaba determinar si ambas habían viajado juntas al extranjero y si dichos desplazamientos tenían carácter institucional o privado, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
Destinos bajo la lupa judicial
En su auto del pasado 6 de febrero, el juez solicitó rastrear específicamente viajes a destinos como República Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y la Federación Rusa.
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Tras analizar los datos de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), los agentes solo han localizado un desplazamiento de Begoña Gómez a uno de esos destinos: un viaje a República Dominicana realizado entre el 1 y el 3 de junio de 2022. En dicho trayecto no consta la presencia de su asesora.
Discrepancia en las agendas de viaje
El informe de la UCO detalla una actividad viajera distinta para cada una de las investigadas entre 2021 y 2025:
- Begoña Gómez: Se identifican 18 viajes de ida y vuelta a países como Ghana, Egipto, Reino Unido, Uruguay, Suiza y Costa Rica, entre otros.
- Cristina Álvarez: Registra viajes a México, Egipto y Estados Unidos. Aunque ambas visitaron Egipto, los investigadores aclaran que lo hicieron en fechas y vuelos diferentes.
El límite temporal de la investigación se ha fijado en cinco años, ya que la base de datos de la ONIP no conserva registros anteriores, lo que ha impedido a la UCO remontarse a 2018 como pretendía inicialmente el magistrado.
El origen de la pieza: presunta malversación
El objetivo del juez Peinado con esta diligencia era esclarecer si la mujer del presidente utilizó recursos públicos —en este caso, el personal de asesoría de Moncloa— para asistirle en sus actividades privadas. La negativa de ambas investigadas a entregar voluntariamente sus pasaportes (amparándose en su derecho de defensa) llevó al juez a ordenar este rastreo de movimientos a través de la Guardia Civil.
Por el momento, los resultados de la UCO debilitan la tesis de que la asesora acompañara a Gómez en sus desplazamientos internacionales privados durante el periodo analizado.
