El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto por el cual ordena a la Comunidad de Madrid comenzar los trámites administrativos para crear el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. La decisión judicial atiende las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la «inactividad» de la administración regional, que hasta ahora se había negado a aplicar este punto de la ley orgánica vigente.
Una medida para evitar retrasos y derivaciones a la privada
Los magistrados de la Sección Octava argumentan que la ausencia de este registro supone una «clara afectación del interés público». Según el tribunal, la herramienta es necesaria para organizar los recursos humanos de los hospitales públicos y evitar situaciones en las que el servicio sufra retrasos por la falta de previsión sobre qué médicos ejercen su derecho a la objeción.
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- Protección de la mujer: El auto señala que la falta de organización puede causar «perjuicios psicológicos o físicos» a las gestantes si se producen esperas innecesarias.
- Garantía para el profesional: Los jueces apuntan que el registro también protege a los médicos objetores, asegurando que su derecho fundamental sea respetado y garantizado de forma oficial.
- Cumplimiento legal: El TSJM recuerda que Madrid es la única comunidad que no ha desarrollado esta medida, a pesar de que la región votó a favor del acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud.
El enfrentamiento político entre Sanidad y Sol
La resolución ha sido recibida como una victoria por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha celebrado el fallo asegurando que «se acabó» la derivación masiva de intervenciones a clínicas privadas. García sostiene que este registro es la llave para garantizar que el aborto se realice de forma preferente en la red sanitaria pública, tal y como marca la ley.
Por su parte, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que recurrirá la decisión. Desde la Consejería de Sanidad defienden los siguientes puntos:
- Servicio garantizado: Sostienen que en 2024 se realizaron más de 18.000 interrupciones voluntarias en la región sin incidentes.
- Organización interna: Aseguran que los hospitales ya cuentan con protocolos propios para gestionar las objeciones y derivar a las pacientes a centros autorizados cuando es necesario.
- Cuestión de fondo: Recalcan que el tribunal solo ha aceptado una medida cautelar y que todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto jurídico.
Confidencialidad y organización regional
Es importante recordar que el registro de objetores no es una lista nacional ni pública. Se trata de un censo confidencial gestionado por cada comunidad autónoma con el único fin de que los gestores de los hospitales públicos sepan de antemano con qué personal cuentan para prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de manera eficaz.
