El Ejecutivo admite en una respuesta parlamentaria que la exdirectiva, investigada por presunta corrupción, suscribió una adenda contractual, aunque descarta irregularidades en el procedimiento
El Gobierno de España ha reconocido, a través de una respuesta por escrito dirigida al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la intervención de Leire Díez —exmilitante socialista y actual figura bajo investigación judicial— en la gestión de un contrato de balizas de tráfico tipo V-16 durante su etapa al frente de la dirección de Filatelia, Estudios y Futuro de Correos en 2023.
La confirmación llega tras una batería de preguntas registradas por el PP ante las informaciones que vinculaban a Díez, detenida el pasado mes de diciembre en el marco de una investigación por presunto cobro de comisiones ilegales junto a otros cargos vinculados a la SEPI, con la operativa comercial de la empresa postal pública.
La postura del Ejecutivo: naturaleza mercantil
En su escrito, el Gobierno evita mencionar directamente a la investigada, pero admite la existencia de la adenda firmada el 20 de julio de 2023 en la que Díez tuvo un papel activo junto al director de Operaciones de Correos. No obstante, el Ejecutivo matiza la naturaleza jurídica del acuerdo para justificar la exclusión de los controles de la Ley de Contratos del Sector Público.
Según argumenta el Gabinete, al tratarse de un contrato de comisión mercantil —donde Correos actúa prestando un servicio y percibiendo ingresos, y no como entidad contratante que abona una prestación—, no habrían sido de aplicación los mecanismos de control que la normativa exige para la contratación pública. Asimismo, el Ejecutivo subraya que, en el ámbito interno, «no consta que en relación con la celebración de esos contratos se haya producido o denunciado ningún conflicto de interés».
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Auditorías y confidencialidad interna
Respecto a las garantías de transparencia, la respuesta ministerial apunta que, aunque el contrato no se rija por la Ley de Contratos del Sector Público, toda la actividad de Correos está sujeta a auditorías periódicas y al control del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, el Ejecutivo destaca que el Comité de Cumplimiento de Correos ha venido realizando «desde hace varios meses determinadas actuaciones» en relación con este asunto, si bien ha declinado ofrecer detalles específicos al estar protegidas por el «deber de confidencialidad». Sobre el objeto del contrato, el Gobierno ratifica que Correos comercializa actualmente tres modelos de balizas V-16, asegurando que «todas ellas están perfectamente homologadas» para su uso.
La figura de Leire Díez, que ha cobrado relevancia mediática y judicial no solo por sus funciones en la empresa estatal sino también por su presunta vinculación con tramas que afectan a altos cargos del Gobierno, se mantiene así bajo el foco parlamentario, mientras el Ejecutivo insiste en la legalidad del procedimiento de comercialización de los dispositivos de seguridad vial.
