El «caso Mascarillas» que sacude a la Diputación de Almería ha dado un salto cuantitativo y cualitativo definitivo. Un nuevo oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al juzgado de instrucción, sitúa ya en 43 el número de personas físicas y jurídicas investigadas.
El magistrado Manuel José Rey Bellot ha citado a declarar a todos los señalados en el informe, que incluye a empresarios, representantes legales y destacados exdirigentes políticos, bajo sospechas de corrupción en la contratación pública.
Las tres ramificaciones de la trama
La investigación de la Guardia Civil ha logrado estructurar la red de corrupción en tres grandes bloques que operaban bajo un «plan preconcebido»:
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- El contrato «Azor» y los sobrecostes: Se centra en la adjudicación de 2 millones de euros para material sanitario en abril de 2020. La UCO estima que se generó un sobrecoste de un millón de euros que se repartió ilícitamente entre cargos públicos.
- Licitaciones fraudulentas: La red habría manipulado expedientes en las áreas de Fomento y Agricultura para beneficiar a empresas específicas (como Pulconal u O.Y.C.), aprovechando la capacidad de decisión del entonces vicepresidente, Óscar Liria.
- Flujos de efectivo en la cúpula: Los agentes investigan pagos en metálico que habrían llegado a la cúpula provincial, mencionando indicios sobre el expresidente Javier Aureliano García y el exvicepresidente Fernando Giménez.
Blanqueo y un polémico viaje a Madrid
El informe policial detalla operativas para «lavar» el dinero, utilizando cuentas de familiares y comunidades de bienes para introducir fondos de origen desconocido en el circuito legal.
Además, la UCO arroja luz sobre un episodio llamativo: un viaje a Madrid en junio de 2025 pagado por la Diputación. Aunque se justificó como una reunión en la FEMP, el rastreo de cámaras y llamadas confirma que los investigados nunca acudieron a la sede oficial, sino que dedicaron el tiempo a compras y actividades personales en el centro de la capital.
Clave judicial: El juez ha acelerado el proceso tras el análisis de los volcados telefónicos y los registros, considerando necesario tomar declaración inmediata a los 43 implicados para esclarecer el alcance total del desvío de fondos públicos.
