A una semana del cierre de un curso escolar convulso marcado por 23 jornadas de huelga, los sindicatos mayoritarios de la escuela pública, familias y movimientos sociales rechazan el acuerdo del Govern y exigen una transformación estructural global.
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BARCELONA (EFE).– Miles de personas, entre docentes, familias de alumnos y representantes de diversos colectivos sociales, se manifestaron este sábado por las calles céntricas de Barcelona para exigir un nuevo marco de negociación colectiva con la Generalitat de Cataluña. El objetivo prioritario de la movilización es alcanzar un pacto global que logre revertir de manera efectiva la actual situación de «emergencia social y educativa» que atraviesa el sistema de enseñanza.
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La marcha, que transcurrió en un ambiente marcadamente familiar y bajo una intensa marea de camisetas amarillas —el color emblemático de las reivindicaciones educativas en la comunidad—, congregó a unas 7.000 personas según estimaciones oficiales de la Guardia Urbana, cifra que los colectivos organizadores elevaron hasta los 25.000 asistentes. La manifestación comenzó en los Jardinets de Gràcia y descendió por el Passeig de Gràcia hasta culminar en la céntrica Plaza de Catalunya.
Un curso marcado por el conflicto
La movilización se produce a escasos días de que finalice un ciclo lectivo excepcionalmente conflictivo, el cual ha estado condicionado por la convocatoria de hasta 23 jornadas de huelga —tanto de carácter general como de ámbito territorial—. Los sindicatos convocantes de la protesta (Ustec, Intersindical, CGT, COS y CNT) escenificaron de este modo su absoluto rechazo a los preacuerdos alcanzados recientemente entre el Departamento de Educación y otras fuerzas sindicales.
El conflicto actual emana de la fractura del bloque sindical tras el pacto del pasado mes de marzo y su posterior ampliación hace dos semanas. Aquellos acuerdos sí fueron validados y firmados por los sindicatos CCOO, UGT y Professors de Secundària. Por el contrario, las organizaciones convocantes del sábado se desmarcaron de la firma. De hecho, Ustec —el sindicato mayoritario en los sectores de infantil y primaria— llegó a sumarse inicialmente al segundo preacuerdo, pero se vio obligado a retirarse tras perder una votación abierta vinculante entre las bases de los docentes.
«Existe una crisis educativa sin precedentes que demanda cambios estructurales urgentes. Hacemos un llamamiento unánime a la transformación global del modelo.» — Iolanda Segura, portavoz de Ustec.
Exigencias transversales y oposición al Govern
La plataforma reivindicativa de la jornada no solo se centró en demandas estrictamente laborales o retributivas para el profesorado, sino que puso el foco en las carencias estructurales que afectan de forma directa al alumnado. A lo largo del recorrido se exhibieron pancartas con consignas explícitas como «menos policía y más educadores», «educación pública y de calidad» y proclamas directas hacia la dirección de la administración educativa: «Niubó, dimisión», en alusión a la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó.
La protesta sumó una base social amplia al contar con el respaldo activo de la aFFaC (Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Cataluña) y la Plataforma 0-3 (personal de escuelas infantiles y guarderías). Asimismo, acudieron en apoyo diversos movimientos de defensa de la sanidad y la vivienda, así como representantes de los partidos de la oposición política.
Amenaza de reactivación en otoño
En declaraciones a los medios, la secretaria general de enseñanza del sindicato CGT, Laura Gené, urgió de manera inmediata al Ejecutivo autonómico a sentarse de nuevo a la mesa con los agentes sociales que representan a la mayoría de los trabajadores. Gené afirmó la total disposición de su organización a «trabajar todo el verano si es necesario» para solucionar la crisis antes del inicio del próximo curso, pero lanzó una severa advertencia: si el Govern no ofrece avances reales y significativos en las negociaciones estructurales, la comunidad educativa «volverá a tomar las calles en otoño».
Por su parte, el tejido civil y estudiantil también reclamó su espacio en el diseño de las políticas públicas. Jordi de Carreras, presidente de la aFFaC, insistió en que las familias «quieren y deben participar en las soluciones que necesita la educación pública», mientras que Tània Ros, portavoz del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), denunció que la alarmante situación de «infrafinanciación y desmantelamiento» del sistema actual vulnera el futuro de los estudiantes, quienes reclaman un papel activo en la resistencia y defensa de la enseñanza pública.
