El Gobierno busca convalidar un decreto que incluye rebajas fiscales en carburantes y electricidad, condicionado por las exigencias de Junts y la posible abstención del PP.
El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota este jueves el real decreto ley diseñado por el Gobierno para responder a la inestabilidad económica derivada del conflicto en Oriente Medio. El plan, con una dotación de 5.000 millones de euros, llega a la Cámara en una votación que se prevé ajustada y marcada por las negociaciones de última hora con los grupos parlamentarios.
El alivio fiscal: Gasolina y luz bajo la lupa
El núcleo del decreto se centra en mitigar la escalada de precios energéticos que afecta a hogares y empresas. Entre las medidas estrella destacan:
- Carburantes: Una bajada del IVA al 10% y una reducción del impuesto especial de hidrocarburos, lo que supondría un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Además, transportistas, agricultores y pescadores mantendrán una bonificación directa de 20 céntimos.
- Factura eléctrica: Los impuestos a la electricidad se desploman un 60% en total, situando el IVA al 10% y reduciendo el impuesto especial al mínimo legal (0,5%).
- Gas y calefacción: El IVA del gas natural, pellets y leña baja también al 10%, mientras se congelan los precios del butano y el propano.
El pulso político: La «factura» de Junts y las dudas del PP
Pese a la ambición del plan, su aprobación depende de un delicado equilibrio de fuerzas. El Gobierno confía en la abstención del Partido Popular, argumentando que el decreto ya incorpora varias de sus demandas fiscales. Sin embargo, los de Feijóo consideran que la norma es insuficiente al no incluir la deflactación del IRPF.
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Por otro lado, la llave de la votación vuelve a estar en manos de Junts. El partido de Carles Puigdemont ha condicionado su «sí» a que el PSOE apoye hoy mismo una iniciativa para implementar el IVA franquiciado. Esta medida permitiría que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales queden exentos de declarar este impuesto, una reclamación histórica del sector para reducir la «fatiga tributaria».
Protección social y empresarial
Más allá de la energía, el decreto incluye una red de seguridad para los sectores más vulnerables y el tejido productivo:
- Escudo social: Se prohíbe el corte de suministros básicos a hogares vulnerables y se refuerza el bono social térmico con una ayuda mínima de 50 euros.
- Mantenimiento del empleo: Las empresas que se beneficien de estas ayudas tendrán prohibido despedir por causas relacionadas con la crisis energética.
- Transición energética: Se incentiva la instalación de placas solares y la compra de vehículos eléctricos mediante nuevas deducciones en el IRPF.
La votación se producirá tras el debate de la Proposición No de Ley de Junts, en una mañana parlamentaria de alta tensión donde el Ejecutivo se juega la estabilidad económica del país ante el nuevo escenario internacional.
