La que fuera secretaria general técnica durante la etapa de Ábalos asegura ante el tribunal que su labor no incluía la gestión directa de las adjudicaciones, aunque confirma la recepción del material.
El proceso judicial en torno a las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia ha tomado un nuevo rumbo tras la comparecencia de Angélica Martínez Ortega. La ex secretaria general técnica del Ministerio de Transportes ha marcado distancias con la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama.
«Yo no me encargaba de la contratación»
Durante un interrogatorio marcado por un cambio de guion en la estrategia del tribunal, Martínez Ortega fue tajante al desvincularse de las decisiones operativas sobre las compras de 2020. A pesar de su alto cargo en el organigrama de José Luis Ábalos, la testigo afirmó: “Yo de la contratación no me encargaba”.
No obstante, la exdirigente dejó una puerta abierta al admitir que, debido al volumen de gestión en aquellos meses críticos, no descarta que le llegaran correos electrónicos relacionados con dichas adquisiciones, aunque no participara en la selección de proveedores.
Te interesa
Desconocimiento sobre la solvencia de la empresa
Uno de los puntos clave de la declaración giró en torno a la idoneidad de la empresa de Aldama —quien se enfrenta a una petición de siete años de prisión—. Al ser cuestionada sobre si sabía si Soluciones de Gestión tenía experiencia previa en el sector sanitario, Martínez Ortega aseguró que lo desconocía por completo.
Pese a las dudas sobre el procedimiento de elección, la testigo sí quiso dejar constancia de un hecho logístico:
“Me consta que se recibieron las mascarillas compradas”.
El caos de la emergencia sanitaria
Para contextualizar su testimonio, la exdirectiva relató la extrema presión bajo la cual operaba el Ministerio en 2020. Explicó que la normativa vigente en ese momento permitía la tramitación de emergencia, un mecanismo legal que agilizaba las compras para atender la crisis del coronavirus, junto a sistemas de contratación centralizada diseñados para el reparto posterior del material.
Con esta declaración, la defensa de la gestión administrativa intenta subrayar que los procedimientos, aunque acelerados por la urgencia, cumplían con el marco excepcional de la pandemia, mientras la justicia sigue indagando si hubo trato de favor o comisiones ilícitas en las sombras de dichos contratos.
