La Mesa de la cámara catalana, con el apoyo unánime de socialistas y nacionalistas, recurrirá las medidas cautelares que exigen la presencia de la enseña nacional en igualdad de condiciones que la autonómica.
El Parlamento de Cataluña vuelve a situarse en el centro de la polémica jurídica y política. En una decisión que evoca las etapas más tensas del procés, la Mesa de la cámara —compuesta por PSC, Junts y ERC— ha acordado por unanimidad recurrir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obliga a exhibir la bandera de España de forma permanente.
Un pulso judicial por los símbolos
El pasado 20 de marzo, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictó una medida cautelar contundente: la bandera nacional debe ondear en el edificio de forma «destacada, visible y de máximo honor», coincidiendo con lo estipulado en la Ley 39/1981. El tribunal subrayó que la presencia de la enseña no es una opción «simbólica», sino una obligación jurídica que representa la unidad del Estado.
Sin embargo, la dirección del Parlament, presidida por Josep Rull (Junts), ha optado por el enfrentamiento legal. Los argumentos de la Mesa para rechazar el mandato judicial se basan en:
- Autonomía parlamentaria: Defienden su potestad para autorregular el funcionamiento y los símbolos del edificio.
- La «tradición» de las sesiones: Sostienen que, desde 1980, las banderas solo se izan durante los plenos para informar a la ciudadanía de que la cámara está reunida.
- Uso de costumbres: Alegan que esta práctica fue formalizada en 2009 y que no supone un desprecio a la ley.
La contradicción de la «Senyera» gigante
El recurso presentado por el PSC y los partidos independentistas contrasta con la reciente instalación de una señera de dimensiones monumentales (54 metros cuadrados) en un mástil de 25 metros frente a la fachada del Parlament.
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Según la denuncia original de la plataforma Impulso Ciudadano, la existencia de este símbolo autonómico de gran formato obligaría, por ley, a colocar una bandera de España de idénticas características para mantener la igualdad de rango. Al negarse a cumplir las cautelares, el Parlament evita tener que instalar un mástil de 25 metros para la bandera nacional o, en su defecto, retirar la enseña gigante catalana.
Unanimidad sorprendente
Lo más destacado de este nuevo choque institucional es el bloque sin fisuras formado por los tres principales partidos. El PSC, que ocupa tres puestos en la Mesa (incluyendo la vicepresidencia segunda con David Pérez), ha cerrado filas con Junts y ERC.
«La obligación de que ondee la bandera de España no es opcional, sino una exigencia derivada de la Constitución», recuerda el auto del TSJC.
Con la presentación de este recurso, el Parlament gana tiempo, pero se expone a nuevas sanciones o requerimientos personales si los magistrados consideran que se está produciendo un incumplimiento flagrante de una orden judicial ejecutiva. El escenario vuelve a situar a las instituciones catalanas en la senda de la desobediencia simbólica.
