El Ejecutivo reconoce que el proceso contra el exministro es «desolador» y asume que el ruido judicial está «reventando» la agenda política del país.
MADRID – El Gobierno ha roto su silencio ante la crudeza de los testimonios que están emanando del Tribunal Supremo en el marco del juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Fuentes del Ejecutivo han admitido este jueves 9 de abril que la situación es «desoladora» y que el impacto de las revelaciones judiciales está bloqueando cualquier intento de proyectar una agenda política positiva.
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«Es imposible hablar de nada positivo esta semana», confiesan fuentes de Moncloa a El País, reconociendo que el relato de «enchufes», mordidas y sacos de dinero está pasando una factura anímica y comunicativa difícil de gestionar.
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Un juicio que «revienta» la agenda
A pesar de que el Gobierno intenta mantener el pulso legislativo —con medidas como el blindaje del aborto en la Constitución o la reforma de la ‘Ley Mordaza’—, la realidad de los tribunales se impone. El Ejecutivo admite que el proceso está «monopolizando» la atención pública, aunque confían en que el coste electoral esté «ya descontado» al tratarse de hechos que llevan meses en el foco mediático.
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Las revelaciones más críticas de la semana
La dureza de las declaraciones en el Supremo ha dejado al Gobierno sin margen de maniobra. Entre los puntos más críticos que han marcado estas jornadas destacan:
- Los «enchufes» en empresas públicas: Se investiga la colocación arbitraria de personas vinculadas al exministro, como Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, en empresas como Ineco o Logirail. Testigos han afirmado que Rodríguez «nunca fue a trabajar» a pesar de percibir un sueldo público.
- El «saco de billetes» en Ferraz: Uno de los testimonios más impactantes ha sido el de un chófer, quien ha ratificado ante el juez que trasladó a una empresaria a las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz con un «saco de billetes» (unos 90.000 euros en metálico) por orden de Víctor de Aldama.
- Trato de favor y presiones: Ex altos cargos de Adif han testificado que Ábalos llegó a intervenir personalmente para que no se «molestara» a sus allegados en sus puestos de trabajo públicos.
La estrategia de «amortización»
Frente a la gravedad de los testimonios, algunos sectores del Gobierno intentan minimizar el daño comparando el caso con la trama Kitchen del Partido Popular. «Igual que la Kitchen está amortizada para el PP, esto lo estará para nosotros. Va a ser un empate a cero», señalan ministros de la confianza de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el sentimiento general en el seno del Ejecutivo es de pesadumbre. Con Ábalos y Koldo García en prisión preventiva y enfrentándose a penas que podrían alcanzar los 30 años de cárcel, el Gobierno asume que esta será una «semana negra» de la que será difícil recuperarse comunicativamente en el corto plazo.
El dato: El juicio, que consta de 13 sesiones previstas para este mes de abril, se encuentra en su fase más sensible con la declaración de hasta 80 testigos.
