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Los inmigrantes en situación irregular abandonan los espacios públicos de las grandes ciudades ante el aumento de los controles de identidad previos a la regularización masiva
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El colectivo de ciudadanos marroquíes en situación administrativa irregular ha comenzado a modificar sus pautas de comportamiento en los espacios públicos de la geografía española, con especial incidencia en Madrid. Según ha trascendido a través de informaciones publicadas por el diario «Assabah», esta población está optando por evitar la exposición en la vía pública ante el temor a ser objeto de controles de identidad, detenciones o posibles procesos de expulsión del territorio nacional.
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Aumento de las medidas de extradición y coordinación policial
La actual situación responde a una intensificación de las labores de control por parte de las autoridades españolas. Según las fuentes citadas, al menos 120 ciudadanos marroquíes que se encuentran registrados y en situación irregular están siendo objeto de medidas de extradición. Esta estrategia de las fuerzas de seguridad busca la deportación de inmigrantes indocumentados en un contexto de cooperación bilateral.
Además de las personas en situación irregular, los procedimientos de deportación se están aplicando de forma prioritaria a ciudadanos marroquíes implicados en causas penales. La gravedad de los delitos cometidos y la existencia de procesos judiciales aún abiertos en la Península han obligado a establecer una coordinación estrecha con las autoridades de Marruecos para ejecutar estas medidas de salida obligatoria del país.
La regularización masiva: un escenario de tensión política
Este incremento en las intervenciones de seguridad se produce en vísperas de la entrada en vigor, el próximo 20 de abril, de un decreto de regularización excepcional impulsado por el Gobierno. Este programa, que se desarrollará entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, contempla la posibilidad de regularizar a cerca de 500.000 personas que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Para acogerse a esta medida, que permitiría obtener permisos de residencia o trabajo por un año, numerosos ciudadanos marroquíes han comenzado a tramitar sus solicitudes a través de despachos de abogados especializados, buscando cumplir estrictamente con los requisitos legales para evitar ser excluidos del proceso.
No obstante, esta iniciativa gubernamental ha suscitado importantes críticas tanto a nivel nacional como europeo:
• Unión Europea: El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha manifestado su desaprobación ante el temor de que la medida genere un «efecto llamada» incompatible con la política migratoria común.
• Oposición: El Partido Popular ha rechazado frontalmente la operación, trasladando sus quejas ante las instituciones de la Unión Europea.
La coincidencia en el tiempo de este proceso de regularización con el aumento de los controles de identidad ha generado un clima de incertidumbre entre la comunidad marroquí, que ve en estas detenciones un obstáculo para acceder a la nueva normativa legal.
