MADRID / CARACAS — La Audiencia Nacional española ha sacudido el panorama político internacional al imputar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias internacional. Tras una década operando en la sombra de la política venezolana, el auto judicial del juez José Luis Calama saca a la luz la densa arquitectura de intereses políticos y económicos que el político socialista tejió en Caracas de la mano de la cúpula chavista.
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El auto judicial revela cómo el expresidente español pasó de ejercer como observador electoral en diciembre de 2015 a convertirse en un auténtico «canciller en la sombra» del Palacio de Miraflores. Según la investigación, Zapatero articuló una red de intermediación que no solo operaba para el blanqueamiento político de la dictadura de Nicolás Maduro, sino que servía como puente para lucrativos negocios privados.
La «Boutique Financiera» y la pieza clave del esquema
La investigación de la Audiencia Nacional pone el foco sobre la estructura económica que rodeaba al expresidente. El juez señala la existencia de una «boutique financiera» y destaca nombres clave:
- Manuel Fajardo: Calificado en las grabaciones judiciales como «la pieza de ZP en Venezuela». Fajardo, hijo de un senador socialista canario, era presentado por Zapatero ante los diplomáticos como su «sobrino». A través de él, y con la mediación del expresidente, se fundó Interbanex, una plataforma cambiaria privada autorizada por el Banco Central de Venezuela a pesar del férreo control de cambios del régimen.
- Camilo Ibrahim Issa: Accionista de la polémica aerolínea Plus Ultra. El auto recoge mensajes de Issa dirigidos al presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez, agradeciendo la «asesoría y guía» del expresidente. Issa llegó a ser vetado por la diplomacia española en Caracas, pero fue «rehabilitado» por el propio Zapatero.
El dato: Informes de la Embajada de España en Caracas y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya habían alertado a La Moncloa de que los grandes empresarios españoles asumían que la vía más rápida y efectiva para cobrar deudas millonarias al Estado venezolano o negociar con el régimen (como en los casos de Repsol o Air Europa) era a través del despacho de Zapatero.
De mediador a operador de la «Dama» y el plan para Delcy
El sumario judicial retrata una relación de extrema cercanía, con tintes de culebrón, donde los implicados usaban alias como «mi príncipe» para referirse a Zapatero y «la Dama» para Delcy Rodríguez.
En el actual escenario político venezolano —con Nicolás Maduro capturado y encarcelado en Nueva York y Washington tutelando un gobierno de facto—, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, junto a Zapatero, han puesto en marcha un plan estratégico para consolidar a «la Dama» como presidenta encargada. La misión del expresidente español es fundamental: inyectar «confianza» institucional tanto a nivel interno como ante la comunidad internacional.
Para apuntalar este ecosistema, Zapatero ha extendido sus hilos hasta el punto de controlar los nombramientos diplomáticos bilaterales. Según la investigación, el expresidente impuso al falso opositor Timoteo Zambrano —su fiel escudero desde 2015— como nuevo embajador de Venezuela en Madrid, tras haber influido previamente en la designación de Álvaro Albacete como embajador de España en Caracas.
El giro radical de la diplomacia española
El peso del ‘lobby’ de Zapatero, sumado a las presiones de la trama de corrupción interna en España (el caso Ábalos/Koldo/Aldama) y la entrada de Podemos en el Ejecutivo de coalición en 2020, logró revertir por completo la política exterior de Pedro Sánchez. El actual presidente español pasó de calificar a Maduro de «tirano» en 2019 a alinearse paulatinamente con los postulados del Grupo de Puebla —organismo impulsado por el propio Zapatero a través de chats de WhatsApp para coordinar a los líderes de la izquierda latinoamericana—.
A pesar de la contundencia del auto judicial y de que Zapatero tenía previsto un viaje inmediato a Caracas para continuar con la legitimación del nuevo esquema de Delcy Rodríguez, el actual ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, compareció con vehemencia para intentar frenar los daños: «La política de España hacia Venezuela no va a cambiar en absoluto», aseguró el canciller, desmarcando al Ejecutivo del legado judicial de su predecesor.
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Mientras la Audiencia Nacional avanza en el desmantelamiento de esta presunta red de corrupción transatlántica, sobre el terreno queda la defensa incondicional que Zapatero ha hecho de la controvertida Ley de Amnistía venezolana, una medida que el expresidente tacha de «referente para el mundo» pero que, por el momento, mantiene en prisión a más de 500 disidentes políticos, entre los cuales se encuentran al menos cinco ciudadanos españoles.
