Madrid — La investigación judicial en torno al denominado ‘caso Leire Díez’ ha colocado en el ojo del huracán a la exmilitante socialista, cuyas líneas de defensa se desmoronan ante los últimos hallazgos del magistrado Santiago Pedraz y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La gran incógnita que planea sobre la causa —y que da título a las últimas revelaciones— es si Díez actuaba realmente como una «periodista de investigación» independiente o si operaba como una «fontanera» política a sueldo para desactivar los escándalos que amenazaban al partido del Gobierno.
La coartada del libro frente a la tesis del juez
Desde el estallido del escándalo, la defensa de Leire Díez ha mantenido firmemente que sus reuniones, pesquisas y el manejo de información sensible respondían únicamente a un fin profesional: la recopilación de documentación para la escritura de un libro.
Sin embargo, el último auto judicial contradice de plano esta versión. Para el instructor de la Audiencia Nacional, Díez no realizaba una labor informativa, sino que era la figura clave y coordinadora en una trama orquestada para torpedear causas judiciales y policiales abiertas contra el entorno del PSOE.
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Los pagos y la conexión con la cúpula de Ferraz
Las sospechas de que se trataba de una operación dirigida desde la propia sede central del partido han cobrado fuerza tras rastrearse los flujos financieros. Según las investigaciones:
- Sueldo mensual: Se apunta a que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acordó pagar a Díez una asignación de 4.000 euros al mes por coordinar estos trabajos.
- Canalización del dinero: La hipótesis judicial señala que estos pagos se habrían camuflado y canalizado presuntamente a través de una sociedad vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías.
Maniobras para influir en fiscales y testigos
El auto del juez Pedraz describe un «plan delictivo» minucioso cuyo principal cometido habría sido el de contrarrestar el impacto de investigaciones como el caso Koldo y proteger el entorno de la Moncloa. Entre las acciones supuestamente coordinadas por Leire Díez destacan:
- Presión a testigos: La trama habría llegado a ofrecer hasta 50.000 euros a Carmen Pano para que negara falsamente haber transportado bolsas de dinero a la sede de Ferraz.
- Contactos de alto nivel: Se investigan una veintena de reuniones de Díez con Cerdán, además de encuentros con empresarios (como Luis del Rivero) y fiscales con el objetivo de influir en las pesquisas o desviar la atención.
- Filtros e intoxicación mediática: Se examina si miembros del Instituto Armado habrían filtrado de forma interesada a la prensa mensajes privados entre el exministro José Luis Ábalos y otros cargos socialistas para embarrar el escenario judicial.
Un perfil polivalente bajo sospecha
El pasado de Leire Díez refleja una constante oscilación entre la política, la comunicación corporativa y los cargos públicos institucionales. Antes de convertirse en el epicentro de esta presunta trama de desestabilización, Díez fue:
- Concejala del PSOE en Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015.
- Jefa de prensa en la empresa pública Enusa (2018-2021).
- Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024).
La acumulación de indicios por delitos que van desde la organización criminal, el cohecho y la revelación de secretos, hasta la inducción al falso testimonio y el tráfico de influencias, debilita drásticamente su perfil de «cronista neutral». El caso ha provocado un terremoto político absoluto en el PSOE, con crecientes presiones internas y de sus socios de Gobierno exigiendo responsabilidades inmediatas ante lo que la oposición califica ya como una «guerra sucia» para blindar al Ejecutivo.
