La intervención psicológica con reclusos condenados por violencia de género se consolida en el sistema penitenciario como una herramienta estratégica clave dentro de las políticas de prevención general.
Alrededor de 1.200 internos condenados por delitos de violencia de género se someten cada año a programas de tratamiento específicos en los centros penitenciarios españoles. Esta intervención psicológica, coordinada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, busca ir más allá de la mera ejecución de la condena, articulándose en última instancia como una política preventiva fundamental para erradicar las conductas machistas en la sociedad.
La violencia de género representa en la actualidad la tercera causa de reclusión de la población penal masculina en España, una estadística solo superada por los delitos contra el patrimonio (como robos o estafas) y los delitos contra la salud pública (relacionados con el tráfico de drogas).
Lourdes Gil, coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la institución, y Flori Pozuelo, jefa de área de los programas específicos de tratamiento para internos, consideran que la acogida y desarrollo de estos itinerarios terapéuticos supone «un verdadero éxito». El núcleo del programa radica en desactivar de raíz los factores de riesgo cognitivos y conductuales que propiciaron el delito.
Un problema transversal y sin un perfil único
Las técnicas penitenciarias insisten en que la violencia machista es un fenómeno transversal y, por tanto, carece de un perfil sociodemográfico único. En los grupos de terapia —habitualmente formados por unos 15 reclusos— conviven desde profesionales con estudios superiores hasta personas sin formación académica, así como internos que cumplen penas cortas de pocos meses junto a otros con condenas de varios años de prisión.
Paula (nombre ficticio), psicóloga encargada de aplicar este programa bajo un enfoque cognitivo-conductual y con perspectiva de género, resalta los beneficios de esta heterogeneidad en las sesiones de dos horas y media de duración: «A veces, los mensajes de ellos calan más que los nuestros. Este trabajo entre iguales es fundamental porque se ayudan mutuamente; se dicen, por ejemplo, que de haber tenido estos conocimientos antes, no estarían cumpliendo penas por delitos tan graves».
El camino hacia la rehabilitación no está exento de obstáculos previos. Los equipos terapéuticos se encuentran con frecuencia con problemáticas añadidas que deben estabilizarse de forma prioritaria, destacando las adicciones. Alrededor del 70% de los internos que ingresan en prisión presenta dependencias a sustancias estupefacientes o alcohol, situaciones que la Junta de Tratamiento debe valorar antes y durante la intervención específica de violencia de género.
Combatir el «analfabetismo emocional»
Los programas específicos centran sus esfuerzos en dotar a los reclusos de herramientas de gestión psicológica de las que carecen. «Son verdaderos analfabetos emocionales, con muchas dificultades para identificar, expresar o resolver problemas que no sea a través de la violencia», detalla la psicóloga.
El desarrollo de la empatía resulta el pilar fundamental del tratamiento, especialmente al abordar la violencia vicaria y la instrumentalización de los hijos. De acuerdo con la experiencia de los terapeutas en los módulos, el impacto real de sus actos sobre los menores es el principal detonante para un cambio de actitud en los agresores: «Cuando se dan cuenta de las locuras que hacen, se derrumban».
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Romper la cadena de transmisión
El valor definitivo de estas terapias reside en su efecto multiplicador fuera de los muros de la cárcel. Los expertos señalan que un porcentaje significativo de los agresores fueron, en su infancia, testigos o víctimas de violencia de género en sus hogares, reproduciendo de adultos los modelos aprendidos.
«El vocabulario les cambia. Es otra forma de hacer política preventiva, porque te dicen: ‘Esto se lo voy a contar a mis hijos’», subraya Paula, evidenciando cómo la intervención rompe la transmisión hereditaria del machismo. Por su parte, Lourdes Gil recuerda la responsabilidad de la institución: «Debemos lograr que estas personas sean capaces de reflexionar sobre por qué han llegado hasta aquí y que modifiquen los comportamientos que les llevaron a tener actitudes muy negativas y, en ocasiones, tristemente duras hacia las mujeres».
La fase final del tratamiento coincide habitualmente con los permisos de salida y la posterior progresión al tercer grado o régimen de semilibertad. Esta vuelta al entorno exterior somete a los internos a factores de estrés cotidianos que no existían en prisión, como procesos de divorcio o litigios por la custodia de los hijos. Enfrentarse de forma controlada a estas situaciones complejas se convierte en la prueba de fuego definitiva para consolidar los avances de la terapia y garantizar una reinserción segura.
