La agente judicializará su declaración tras acogerse a su derecho a no declarar en Jefatura. El caso está relacionado con una llamada amenazante realizada a un joven desde las dependencias policiales para «darle un susto».
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CEUTA. Una agente de la Policía Nacional tendrá que prestar declaración ante el juzgado en calidad de investigada por un supuesto delito de coacciones. La causa penal se ha abierto tras la denuncia de un joven que asegura haber sido coaccionado telefónicamente por la funcionaria, en un caso estrechamente ligado a una condena previa por violencia de género y familiar dictada a mediados de mayo contra el padre del denunciante.
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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta ya había condenado de conformidad al progenitor por amenazar a su expareja y coaccionar a su hijo. En el texto de aquella sentencia penal ya se advertía de la gravedad de la situación, al recogerse de forma textual que el condenado se había valido de «supuestos miembros del Cuerpo Nacional de Policía» para amedrentar al joven.
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La investigación de la UFAM: «O vienes o va una patrulla a detenerte»
La investigación penal posterior ha corrido a cargo del Grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM)-Investigación de la Policía Judicial, a raíz de la denuncia formalizada por la víctima.
Según consta en el atestado, el trasfondo de los hechos radica en una disputa familiar por la posible venta de la vivienda. El denunciante relató que, encontrándose fuera de su domicilio, recibió una llamada telefónica procedente de un número fijo que la Jefatura Superior de Policía ha verificado posteriormente como propio —concretamente, de la línea de ordenanza y apoyo—.
En dicha comunicación, una mujer que se identificó como policía nacional le exigió de forma «firme, autoritaria y amenazante» que se personase en la comisaría antes de las 13:00 horas porque su padre le había denunciado. De lo contrario, le advirtió con que enviaría una patrulla uniformada a su casa para proceder a su detención. Al regresar a la vivienda envuelto en un cuadro de ansiedad, el joven constató que todo formaba parte de una maniobra de su progenitor para asustarlo.
Aunque la Jefatura Superior ha verificado oficialmente la existencia de la llamada desde sus dependencias hacia el móvil de la víctima, ni el audio ni el contenido de las conversaciones quedan registrados en el sistema informático.
La agente se remite a la sede judicial
Por el momento, la agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) acudió de forma voluntaria a la Jefatura en condición de investigada no detenida. No obstante, se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante sus compañeros de la brigada, por lo que su versión de los hechos no se conocerá hasta que comparezca ante el juez de instrucción correspondiente en los próximos días.
Este procedimiento busca esclarecer si existió una implicación delictiva directa y un uso indebido del cargo por parte de la funcionaria pública en lo que la sentencia previa del padre ya definió como un plan coordinado para «menoscabar la integridad moral y la voluntad» del hijo.
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