El Consejo de Ministros actualiza el mapa de acogida en base a la población y consolida el modelo de reubicación obligatoria aprobado el año pasado.
El Gobierno de España ha dado un paso decisivo para consolidar el sistema de reparto de menores migrantes no acompañados. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que actualiza la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y ciudad autónoma en función de su población. Esta medida busca prorrogar el modelo de reubicación implantado hace un año y redefine por completo los límites de saturación de los territorios fronterizos, fijando la capacidad base de Ceuta en tan solo 29 menores y la de Melilla en 30.
Esta cifra es un indicador clave para el blindaje asistencial de la ciudad autónoma. El sistema establece que un territorio se considera formalmente «sobrepasado» y entra en situación de contingencia migratoria cuando supera el triple de su capacidad ordinaria. Actualmente, tanto Ceuta como Melilla y Canarias cumplen este requisito, lo que les permite activar de forma automática el traslado de los jóvenes que reciben hacia la península.
El mapa de la acogida en España
El nuevo diseño de capacidades ordinarias, diseñado por el Ministerio de Juventud e Infancia, descarga el peso demográfico en las comunidades con mayor población:
- Andalucía: Lidera la lista con 3.009 plazas.
- Cataluña: 2.829 plazas.
- Comunidad de Madrid: 2.471 plazas.
- Comunidad Valenciana: 1.903 plazas.
El resto de los territorios se sitúan por debajo del umbral de los 1.000 menores. Galicia (940), Castilla y León (830), Canarias (783) y el País Vasco (776) encabezan la clase media del reparto, mientras que en la parte baja de la tabla, junto a Ceuta y Melilla, se encuentran comunidades como La Rioja (114), Cantabria (206) y Navarra (237).
Te interesa
Pulso político y aval institucional
El modelo, nacido en marzo del año pasado tras la reforma de la Ley de Extranjería, se diseñó específicamente para destensar las infraestructuras de los puntos de llegada. Pese a contar con la oposición frontal de la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), el Ejecutivo central ha defendido firmemente su viabilidad.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que este sistema «pone en el centro el interés superior del menor» y obliga, por primera vez, a una corresponsabilidad real de todo el Estado, independientemente de la costa a la que arriben los jóvenes.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reafirmó el respaldo económico del Gobierno central a las autonomías, recordando que durante el pasado ejercicio se transfirieron 230 millones de euros para la atención de la infancia migrante, de los cuales Canarias —el territorio con mayor presión en las últimas fechas— recibió más de la mitad (140 millones).
Con esta actualización, Ceuta gana un respaldo normativo crucial para evitar el colapso continuado de sus centros asistenciales, blindando por ley el mecanismo de derivación peninsular.
