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Existen al menos dos denuncias formalizadas por abusos a niñas de entre tres y siete años. El Ayuntamiento condena los hechos, ofrece asistencia psicológica a las familias y valora personarse en la causa.
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ARROYOMOLINOS (MADRID). — La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer presuntas agresiones sexuales cometidas contra varias menores en un campamento de verano ubicado en el municipio madrileño de Arroyomolinos. Según han confirmado fuentes de la Benemérita, las sospechas recaen sobre uno de los monitores del centro.
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Por el momento, se han presentado dos denuncias formales correspondientes a niñas con edades comprendidas entre los tres y los siete años. Los investigadores no descartan que en las próximas horas o días puedan tramitarse nuevas denuncias por parte de otras familias afectadas.
Gestión del centro y demora en la notificación
El campamento donde habrían ocurrido los hechos depende de la Mancomunidad del Suroeste, aunque su gestión diaria está en manos de una empresa privada contratada mediante concurso público. Desde el Consistorio de Arroyomolinos han matizado que el Ayuntamiento no mantiene ningún vínculo laboral directo con el monitor investigado.
A pesar de que los presuntos abusos habrían tenido lugar el pasado 9 de junio, los progenitores no tuvieron conocimiento oficial de la situación hasta el pasado viernes, según testimonios de los propios familiares recogidos por medios locales.
Respuesta institucional y apoyo a las víctimas
El Gobierno municipal ha manifestado su «condena absoluta» ante lo sucedido y ha activado diversos protocolos para atender a los afectados:
- Asistencia a las familias: El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados apoyo psicológico especializado y asesoramiento jurídico.
- Acciones legales: Las autoridades locales evalúan personarse en el procedimiento judicial como acusación particular.
- Exigencia de responsabilidades: El Consistorio ha instado a la Mancomunidad del Suroeste a tomar medidas y depurar responsabilidades con la empresa adjudicataria del servicio.
Investigación en marcha: La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para determinar el alcance exacto de los hechos y la responsabilidad penal del monitor acusado.
