El Consistorio denuncia la prohibición de la marcha al solicitarla por la vía del derecho de reunión, mientras el Ejecutivo aclara que la concentración en Cibeles puede desarrollarse como acto municipal.
Un nuevo choque institucional entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central ha estallado en vísperas de las movilizaciones convocadas en apoyo a Ceuta. El Consistorio madrileño ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de intentar «boicotear» la concentración prevista para este miércoles en la plaza de Cibeles, después de que la Delegación del Gobierno señalara un defecto de forma en la solicitud tramitada por la administración local.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
La discrepancia radica en el cauce legal utilizado para la convocatoria. La Delegación del Gobierno remitió un escrito a la capital precisando que el Ayuntamiento formalizó la petición mediante el derecho de reunión, una figura reservada exclusivamente a personas físicas y no a personas jurídicas o instituciones públicas. Desde el Gobierno municipal sostienen que esta comunicación equivale a comunicar la prohibición del acto.
Lee tambien: Juan Vivas clama en Madrid que «la soberanía de Ceuta es innegociable» y rechaza subcontratar la frontera a Marruecos
Por su parte, la Delegación del Gobierno y fuentes del Ejecutivo central han desmentido de forma categórica que se vaya a impedir la protesta y confirman que transcurrirá con normalidad:
- Vía institucional garantizada: La carta remitida por la Delegación aclara explícitamente que el error formal «no afecta a la posibilidad de que su Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, organice los actos institucionales que estime oportunos».
- Respuesta municipal: Pese a la aclaración del Ejecutivo, fuentes del Consistorio madrileño insisten en denunciar una maniobra de bloqueo a «las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta» y han avanzado que estudian posibles respuestas legales o administrativas ante lo sucedido.













