La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado imputar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La petición surge tras el hallazgo de joyas en su despacho, tasadas en 1,3 millones de euros, que no fueron entregadas al Patrimonio del Estado.
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El juez ha recibido un escrito del fiscal y ha solicitado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado una copia del listado de obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno entre 2004 y 2011. En este listado no aparecen las joyas encontradas en la caja fuerte del exdirigente socialista.
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La defensa de Zapatero y la respuesta de la Fiscalía
La defensa de Rodríguez Zapatero sostiene que las joyas fueron un regalo del rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita oficial a España en 2007. Zapatero afirmó haber solicitado a la Casa Real saudí que corroborara su versión, sin éxito, y pidió al juez que enviara una comisión rogatoria a Arabia Saudí. Sin embargo, la Fiscalía se opone a esta solicitud.
En un escrito, la fiscal Elena Lorente critica la falta de documentación que respalde la versión de Zapatero y señala que el juzgado no debería aceptar su versión sin más pruebas. La Fiscalía argumenta que los bienes recibidos por Zapatero durante su mandato fueron donados al Patrimonio del Estado, y las joyas no figuran en el acta de bienes entregados el 1 de marzo de 2012.
Implicaciones legales y valoración de la Fiscalía
La Fiscalía concluye que, de ser cierta la versión de Zapatero, el origen de las joyas podría implicar un delito de malversación de caudales públicos. La fiscal Lorente subraya que, aunque la aceptación de obsequios de escaso valor es una práctica admitida, el elevado valor económico de las joyas impide considerarlas como tales.
Anticorrupción sostiene que, siguiendo la defensa de Zapatero, se podría atribuir al expresidente un acto de sustracción de caudal público, lo que constituiría un delito de malversación, castigado con prisión e inhabilitación. Las joyas, al ser recibidas en Moncloa, se convirtieron en caudal público, del que Zapatero presuntamente se apropió con ánimo de lucro tras finalizar su mandato.
