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Documentos del Registro Mercantil señalan que Maricarmen Abascal contaba con «voz y voto» y capacidad para realizar operaciones en una sociedad con 950 millones de pesetas de capital.
MADRID — María del Carmen Abascal, la ciudadana cuyo caso fue esgrimido por el Gobierno como símbolo para impulsar el Real Decreto-ley de Vivienda, contaba con amplias facultades de gestión y decisión en el Consejo de Administración de JINUR SA, una firma inmobiliaria que llegó a manejar un capital social de 950 millones de pesetas (equivalentes a unos 5,7 millones de euros de la época).
Según los estatutos de la compañía depositados en el Registro Mercantil de Madrid, la fallecida no ejercía únicamente labores administrativas de redacción de actas, sino que, en su condición de consejera, disponía de plena capacidad para contratar y ejecutar operaciones con los activos de la entidad.
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Capacidad de decisión y plenos poderes
El análisis de la documentación mercantil pone de manifiesto varios aspectos sobre la trayectoria laboral de Abascal en el sector inmobiliario:
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- Voz y voto en la dirección: El artículo 27 de los estatutos de JINUR SA especifica que los secretarios o vicesecretarios del consejo solo disponen de derecho a voto si ostentan la condición de consejeros, estatus que figuraba a nombre de Maricarmen.
- Facultades de negocio: La nota simple del Registro Mercantil atribuye a los miembros de dicho órgano la potestad para «realizar toda clase de actos y negocios» con los bienes inmuebles, fondos y valores de la sociedad, tanto en la administración ordinaria como en la extraordinaria.
- Objeto social: La firma estaba volcada en la adquisición, urbanización, parcelación y posterior explotación de inmuebles en régimen de alquiler.
Un volumen patrimonial relevante
La entidad en la que Maricarmen Abascal ejerció como consejera —junto a FIEBA SA, otra firma con la que compartía sede en la calle Pradillo de Madrid— llegó a consolidar un destacado patrimonio inmobiliario durante la década de los noventa. Su capital social, actualizado con la inflación acumulada, equivaldría a más de 12 millones de euros en la actualidad.
La revelación de estos datos mercantiles añade nuevos matices al perfil de quien se convirtió en referente del debate político sobre los arrendamientos y los desahucios, al constatarse que durante años formó parte del órgano de gobierno de una importante sociedad de inversión y gestión inmobiliaria.
