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Un juzgado de Madrid admite a trámite una querella por prevaricación contra la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la instrucción que amplió el alcance de la Ley de Memoria Democrática.
MADRID — La gestión de la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, en relación con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (conocida como la ‘Ley de Nietos’), se encuentra bajo el foco judicial. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una querella contra ella por un presunto delito de prevaricación, tras comprobarse que modificó los formularios oficiales enviados a los consulados para permitir la concesión de la nacionalidad española a descendientes de emigrantes sin vinculación con la Guerra Civil o el franquismo.
La controversia se originó a raíz de la instrucción dictada a finales de 2022 para desarrollar la norma aprobada en las Cortes. Aunque el texto inicial limitaba el acceso a la nacionalidad a los descendientes de personas exiliadas, los anexos y formularios oficiales de solicitud remitidos inicialmente a las embajadas y consulados sí exigían acreditar dicha condición.
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Corrección por la «puerta de atrás»
Cuatro meses después, en febrero de 2023, la propia Sofía Puente rectificó los formularios a través de una corrección publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con este cambio, se suprimió la exigencia exclusiva de demostrar que los antepasados habían perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio, bastando con que el solicitante acreditase que su padre, madre, abuelo o abuela hubieran sido originariamente españoles.
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Esta modificación abrió la puerta a que miles de personas —incluidos descendientes de emigrantes del siglo XIX— pudieran acceder a la nacionalidad española, desvinculando el proceso del propósito original de reparar a las víctimas del exilio político.
Consecuencias judiciales y administrativas
La decisión de ampliar los criterios ha tenido repercusiones directas en los procesos electorales y en la gestión de los censos. Recientemente, la instrucción y las órdenes enviadas a los consulados han llevado a que el Tribunal Supremo ordene la suspensión cautelar del voto de más de 160.000 ciudadanos nacionalizados por esta vía, a la espera de que las oficinas consulares verifiquen si cumplían con los requisitos documentales sobre el exilio establecidos en la normativa.
Por su parte, la admitida querella, presentada por la asociación Hazte Oír, pone en entredicho la legalidad de los cambios introducidos por la ex alta cargo del Ministerio de Justicia en la aplicación de una de las leyes con mayor impacto en el registro de la nacionalidad española en el exterior.
