MADRID — El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que tumba la petición realizada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí. La diligencia solicitada tenía como objetivo esclarecer el origen y la procedencia de tres juegos de joyería —compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros y tasados inicialmente en 1,3 millones de euros— que le fueron incautados el pasado mes de mayo en el marco del denominado caso Plus Ultra.
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En consonancia con el informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado instructor ha concluido que la coartada ofrecida por el exmandatario socialista carece de «un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia». A juicio del juez, la petición no busca contrastar una hipótesis fundamentada en indicios, sino «construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado».
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Contradicciones con el Código de Buen Gobierno
Zapatero había defendido que las joyas le fueron entregadas por el rey de Arabia Saudí en calidad de «muestra de atención personal» durante una visita oficial realizada a España en junio de 2007, argumentando que desde entonces las conservó en el ámbito privado sin ser consciente de su elevado valor económico.
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Sin embargo, el juez Calama desmonta esta tesis al recordar que fue el propio Ejecutivo presidido por Zapatero el que aprobó en 2005 un Código de Buen Gobierno que obligaba de manera estricta a incorporar al patrimonio público los obsequios institucionales de especial significación. Para el instructor, resulta incoherente que el entonces jefe del Gobierno diera un trato diferenciado y particular a estas piezas de lujo, las cuales, además, carecían de estuches originales, certificados de autenticidad o numeración explícita.
Asimismo, el magistrado subraya que las características físicas de los efectos incautados permitían advertir de forma evidente su notable valor económico a cualquier observador, restando credibilidad a la falta de conciencia sobre su precio. El frente judicial continúa abierto mientras se ultiman nuevas peritajes y se valora la posible atribución de delitos adicionales relacionados con la gestión de bienes de relevancia pública.
