El Tribunal Supremo ha solicitado a la Abogacía del Estado, que representa al Ministerio del Interior, que en un plazo de dos días acredite si se ha llevado a cabo un control exhaustivo de los 61.603 dispositivos electrónicos destinados a verificar la identidad de los votantes mediante el DNI digital. Esta solicitud se realiza en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo.
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El Ministerio del Interior adjudicó, mediante procedimiento de emergencia, un contrato a Telefónica Defensa y Seguridad por 7.000.455 euros para el alquiler de estos dispositivos, que se utilizarán para verificar los códigos QR generados por la aplicación MiDN.
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Exigencias de seguridad en el sistema de votación
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha tomado esta decisión antes de pronunciarse sobre una medida cautelar solicitada por Iustitia Europa. Esta formación política pide que se levante la suspensión del portal MiDNI, considerando crucial que el Ministerio del Interior garantice que las mesas electorales cuenten con dispositivos adecuados para verificar la identidad de los votantes.
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El representante de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha solicitado detalles sobre la marca y modelo de los dispositivos, las verificaciones realizadas y las garantías de seguridad que ofrecen. Pardo subraya la importancia de la transparencia y la seguridad jurídica en cada mesa electoral.
Impugnación del sistema de DNI digital
Iustitia Europa fue el impulsor de la impugnación del sistema de DNI digital ante el Tribunal Supremo, argumentando la necesidad de reforzar las garantías jurídicas y de seguridad en los procedimientos de identificación de los votantes. La iniciativa comenzó en agosto de 2026, cuando se promovió ante la Junta Electoral Central la supervisión de las condiciones y garantías del uso de sistemas de identificación digital en procesos electorales.
La Junta Electoral Central, en respuesta, solicitó informes a diversos organismos de la Administración General del Estado para evaluar el sistema de identificación digital. Tras revisar la documentación, Iustitia Europa consideró que persistían cuestiones que requerían mayores garantías, lo que llevó a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
















