El Ejecutivo en funciones baraja aplicar una medida de gracia al fiscal general del Estado una vez pasen las urnas, blindándolo ante un inminente fallo judicial que se prevé desfavorable.
El futuro judicial de Álvaro García Ortiz vuelve a situarse en el centro de la tormenta política. Según fuentes gubernamentales recogidas por diversos medios, el Palacio de la Moncloa maneja de forma seria la opción de conceder un indulto al fiscal general del Estado en el caso de que el Tribunal Supremo emita una sentencia condenatoria firme. La ejecución de esta medida de gracia, no obstante, quedaría pospuesta de manera estratégica para después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, evitando así un coste electoral directo en plena campaña.
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La situación del fiscal general se ha convertido en uno de los frentes más delicados para el Ejecutivo, especialmente tras la acumulación de recursos y la presión ejercida desde las asociaciones de fiscales y la oposición parlamentaria.
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Un calendario condicionado por los tiempos judiciales y electorales
La cúpula del Gobierno asume que el Alto Tribunal podría pronunciarse de forma inminente sobre la causa abierta contra García Ortiz, un horizonte temporal que choca directamente con la cita con las urnas:
- Estrategia de contención: Adelantar cualquier decisión sobre una posible medida de gracia en plena precampaña y arranque oficial de los comicios añadiría un foco de desgaste para el bloque gubernamental, que prefiere blindar el argumentario centrado en la economía y la gestión social.
- Gobierno en funciones: Aunque el gabinete se encuentra limitado por su condición de interinidad o de funciones en un contexto preelectoral, los servicios jurídicos y el ala política del Ejecutivo analizan las vías legales para tramitar el expediente de indulto en cuanto concluya el proceso penal.
Reacciones en el arco político y judicial
La mera posibilidad de un indulto a un fiscal general del Estado ha provocado un terremoto institucional y un cruce de reproches inmediato entre los partidos:
- Críticas duras de la oposición: El Partido Popular y Vox han calificado la maniobra de «ataque sin precedentes a la separación de poderes» y de intento de «colonización de las instituciones», exigiendo la dimisión fulminante de García Ortiz para no seguir dañando la credibilidad de la fiscalía.
- Defensa institucional: Desde los sectores afines al Gobierno se insiste en la presunción de inocencia del fiscal general y se recuerda que la prerrogativa del indulto es un instrumento legal recogido en el ordenamiento jurídico español al que puede acogerse cualquier ciudadano o alto cargo inmerso en un procedimiento judicial.
