La decisión del Ministerio de Hacienda de despedir a 1.000 trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Empleo Estatal el 30 de este mes amenaza con destrozar el organismo.
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El sinsentido de la misma está fuera de cualquier explicación o justificación posible. Las cargas de trabajo siguen siendo enormes. A fecha de hoy el SEPE gestiona casi un 400% más de solicitudes en relación a las existentes en mayo de 2019 y su plantilla quedaría por debajo de la tenía en dicha fecha si se consuma el despido o cese de estas 1.000 personas.
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El ahorro que supone este recorte es ridículo teniendo en cuenta los fondos que maneja este organismo. Perder mil efectivos va a provocar cierres de centros de trabajo, tendrá un impacto trascendente retrasando de forma severa el reconocimiento de derechos económicos por prestación por desempleo, propiciará pérdidas de calidad en la gestión e imperfecciones cuyo coste va a estar sensiblemente por encima de lo que se pretende ahorrar e indudablemente obligará a un punto de inflexión en materia de relaciones laborales, abriendo un periodo de conflicto y de confrontación laboral.
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En la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con su subsecretaria, Gemma del Rey, y con el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, quedó de manifiesto que la decisión se adopta en contra del criterio del organismo y del Ministerio y se arrancó el compromiso de frenar esta decisión antes de que la misma se consolidase el próximo 30 de junio.
Son muy pocos los días que quedan para evitar una de las mayores torpezas que en materia de empleo se han podido cometer en la Administración General del Estado en los últimos decenios.
Si finalmente los despidos se realizan, si la voluntad del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública no se revisa, muy probablemente se esté ante el desmantelamiento definitivo del organismo que ha venido encargándose del pago de las prestaciones por desempleo desde el arranque de la democracia en este país.
La Sección Sindical Estatal de CCOO en Trabajo y Migraciones renovaba el 24 y el 25 de junio su estructura de dirección y acabado este trabajo ha decidido personarse este viernes, en el Ministerio de Hacienda, exigiendo una reunión con la ministra, María Jesús Montero, en el ánimo de evitar una decisión que pondrá en clave de colapso completo al organismo, con graves repercusiones para la ciudadanía, con un conflicto que puede resultar peligroso y sin que se pueda entender cuáles son los motivos que justifican semejante decisión.
