La Fiscalía solicita una vista para modificar las medidas cautelares y plantea endurecer condiciones tras pedir 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su asesor.
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al magistrado instructor del Tribunal Supremo que reevalúe las restricciones impuestas al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García en el marco del conocido como “caso Koldo”. Ambos están actualmente bajo medidas cautelares que prohíben su salida del país, les retiran el pasaporte y les obligan a comparecer periódicamente ante la justicia.
Esta petición llega después de que la Fiscalía haya solicitado duras penas de prisión para ambos: 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García, por su presunta implicación en una red de corrupción relacionada con la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia. Según la investigación, los delitos de los que se les acusa incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Anticorrupción propone convocar una vistilla judicial conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ese contexto, el Ministerio Público podría pedir la prisión provisional o exigir condiciones más severas que las actuales. Su objetivo es que el juez reconsidere las medidas gracias a la gravedad de los indicios y al riesgo procesal que considera ahora más alto.
El fiscal jefe de Anticorrupción ha destacado en su escrito que las pruebas recogidas hasta ahora son suficientemente sólidas y que requieren un seguimiento más estricto. Además de la petición de cárcel, Anticorrupción recuerda que debe evitarse cualquier intento de fuga o interferencia en el proceso mientras avanza hacia un posible juicio.
Este movimiento de la Fiscalía intensifica la presión sobre Ábalos y García, y podría marcar un punto de inflexión en la instrucción del caso. En contraste, sus defensas tendrán ahora la oportunidad de argumentar por qué las medidas actuales se mantienen o deben ser revisadas a la baja, aunque la petición de la Fiscalía inclina el escenario hacia un endurecimiento judicial.
