El escándalo provocado por unos audios en los que el CEO de Ribera Salud reconoce que se deben aumentar las listas de espera para ser más rentables ha marcado el debate en la Asamblea de Madrid. La discusión sobre las enmiendas a los presupuestos de la Comunidad para 2026 se vio eclipsada por la polémica, ya que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con mayoría absoluta, no ha aceptado ninguna de las propuestas de la oposición.
En los audios revelados, el directivo admite que se prioriza el beneficio sobre la atención a los pacientes, indicando que se rechazan procesos no rentables y se retrasan intervenciones para mejorar los resultados económicos. Además, se ha publicado que cuatro directivos fueron despedidos tras denunciar estas prácticas a través del canal ético de la empresa.
Fernando Fernández Lara, portavoz adjunto del PSOE, calificó la situación de “escandalosa” y declaró: “Horroriza escuchar al CEO de Ribera Salud poner precio a la salud. Aumentar las listas de espera puede significar la vida o la muerte de una persona”. Según el PSOE, los presupuestos regionales fomentan “hacer negocio con los derechos de los madrileños”, transformando a los pacientes en clientes.
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Más Madrid y el PSOE anunciaron que estudian acciones legales contra la Comunidad de Madrid. Óscar López, secretario general de los socialistas en Madrid, denunció que “las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos”.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también arremetió contra la gestión de la presidenta: “Ayuso ha impuesto un modelo amañado donde dos empresas se enriquecen mientras millones de madrileños no pueden ser atendidos cuando lo necesitan”. Bergerot pidió la creación de una comisión parlamentaria para investigar la concesión al Grupo Ribera Salud.
Por su parte, la Consejería de Sanidad ha convocado de urgencia a la cúpula directiva del hospital y se ha comprometido a implementar “todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder”. Ribera Salud ha apartado de la gestión del hospital al CEO Pablo Gallart, tras conocerse las irregularidades.
