La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lanzado graves acusaciones contra el Consell y todos los miembros del Partido Popular (PP). Según Bernabé, estos han estado «encubriendo» al president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, durante un año, con el objetivo de sostener una mentira sobre sus acciones el día de la dana, el 1 de octubre de 2024.
Las acusaciones de Bernabé surgen en medio de una intensa presión política. Tras la revelación de que la periodista Maribel Vilaplana pagó el aparcamiento a las 19:47 horas, lo que pone en duda la versión de Mazón sobre su paradero en ese crucial momento, las críticas hacia él se intensifican. Bernabé sostiene que el Consell ha estado «tergiversando, mintiendo, falsificando y modificando todo tipo de pruebas» para ocultar lo que realmente estaba haciendo Mazón.
La situación se complica aún más, ya que los recientes datos de la jueza de Catarroja, que investiga la gestión del gobierno durante la dana, han dejado muchas preguntas sobre lo ocurrido desde que Mazón abandonó un restaurante con Vilaplana hasta que esta pagó el aparcamiento, justo antes de que se emitiera la alerta de Emergencias.
Mazón ha defendido su versión de los hechos, insistiendo en que se dirigió a pie al Palau de la Generalitat, y que no hubo ningún momento en el que se volviera ilocalizable, a pesar de las informaciones en contrario. Su defensa ha añadido leña al fuego, alimentando un clima de desconfianza en torno a su conducta durante un acontecimiento tan trágico.
El Gobierno central ha manifestado su descontento con la actitud del president en funciones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, ha declarado que Mazón «nunca ha dicho la verdad» y ha instado a su renuncia, sugiriendo que la única solución viable para esta crisis es convocar elecciones.
Desde la oposición, el PSOV está presionando al PP para que obligue a Mazón a renunciar a su acta de diputado. José Muñoz, síndic socialista en Les Corts Valencianes, calificó la situación de «indignante» y demandó que Mazón sea considerado «desacreditado por la verdad».
El partido Sumar también ha tomado medidas, buscando acelerar la citación de Maribel Vilaplana ante la comisión de investigación por la dana. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha afirmado que Vilaplana podría tener información más relevante que no ha compartido hasta ahora, lo que podría cambiar el curso de la investigación.
En un tono más crítico, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, vaticina que la situación podría culminar mal para Mazón, afirmando que el PP acaba «asesinando» políticamente a sus propios miembros en situaciones complicadas. La actuación de la jueza de Catarroja, en este caso, ha sido elogiada por su valentía y compromiso con la verdad.
