Lamenta que haya fracasado la oportunidad que suponía la Presidencia española de la UE para alcanzar un Pacto justo y con derechos
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que, el acuerdo político alcanzado hoy por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre las principales líneas del futuro Pacto de Migración y Asilo de la UE, socava aún más el derecho de asilo y los derechos humanos en la UE. Según la organización, tras ocho años de intensas negociaciones, habrá una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo en 2024 que en la práctica supone imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional.
CEAR denuncia que las personas solicitantes de asilo deberán someterse a una serie de controles obligatorios durante los que correrían el riesgo de permanecer en condiciones de privación de libertad hasta que se les permita la entrada en la UE. Esto se haría bajo la presunción de una “ficción jurídica de no entrada”, contraria al Derecho Internacional y representativa del intento de consolidar las fronteras como “espacios de no derecho”.
Por otro lado, señala que algunas personas tendrán menos garantías y derechos por el mero hecho de proceder de un determinado país de origen o por estar indocumentadas, ya que se aplicarán criterios discriminatorios y procedimientos fronterizos acelerados, contrarios a la prohibición de discriminación por nacionalidad y a la obligación de una evaluación individualizada, lo que supone una amenaza real al principio de no devolución.
Además, la organización muestra su preocupación por el mecanismo de “solidaridad a la carta” que se pretende implementar, ya que no aliviará la presión migratoria que reciben los países fronterizos como España y que está en el origen de la necesidad de una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo. Este mecanismo fijará, en situaciones de crisis, un objetivo de 30.000 reubicaciones anuales para el conjunto de la UE, pudiendo los Estados miembro intercambiar sus cuotas por 20.000 euros por cada persona no reubicada, fondos que podrían destinarse a reforzar las políticas de externalización y control de las fronteras.
Finalmente, CEAR apunta que la ampliación de las vías legales y seguras para que nadie tenga que arriesgar su vida buscando asilo queda totalmente fuera de este acuerdo, centrándose en impedir que las personas lleguen y sean expulsadas lo más rápidamente posible.
“Se ha desvirtuado la naturaleza y el origen del Pacto, que inicialmente perseguía mejorar los sistemas de asilo con más garantías y establecer un reparto equitativo de las responsabilidades entre los Estados, aliviando las presiones de los países del sur de la UE, algo que no se resuelve con este acuerdo. Se han priorizado los intereses de los Estados, dejando de lado a las personas y sus derechos”, denuncia Estrella Galán, directora general de CEAR.
