Las patronales rechazan que el tejido productivo asuma el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno en materia de vivienda. Además, recuerdan que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre exige un clima de normalidad democrática.
Las principales organizaciones empresariales de España, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), han manifestado este martes su más firme rechazo al anuncio de huelga general realizado este lunes por las organizaciones sindicales mayoritarias. A través de un comunicado conjunto, las patronales han tildado de «inadmisible» la convocatoria, denunciando que este tipo de acciones pretende hacer recaer sobre las empresas, sus trabajadores y la actividad económica en su conjunto el coste derivado de una estrategia de presión institucional enfocada contra el Ejecutivo.
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En su análisis de la situación, las entidades representativas del sector privado señalan que la movilización promovida por las centrales sindicales persigue de manera fundamental forzar modificaciones de carácter legislativo y presupuestario en materia de acceso y política de vivienda. Al tratarse de ámbitos de actuación cuyas competencias y responsabilidades recaen de manera exclusiva en las administraciones públicas, el empresariado defiende que estas reivindicaciones quedan por completo al margen del ámbito de la gestión corporativa y, por consiguiente, «no son, en esencia, de naturaleza laboral».
Las empresas rechazan asumir el coste de las protestas dirigidas al Ejecutivo
En el posicionamiento fijado por CEOE y Cepyme se remarca la inadecuación de utilizar las herramientas de conflicto laboral para interpelar a las instituciones gubernamentales. Las cúpulas patronales juzgan inaceptable la pretensión de repercutir en el entramado empresarial el impacto económico de una iniciativa orientada a cuestionar la gestión política de la vivienda desarrollada por el Gobierno.
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A este factor se suma la coyuntura política e institucional del país. Tras el reciente anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, las patronales han advertido de que resulta «difícilmente justificable» instrumentalizar la actividad productiva de la nación como un elemento de presión política. Desde el punto de vista del sector empresarial, el periodo previo a un proceso electoral de esta trascendencia debe desenvolverse en un contexto regido por el sosiego, la estabilidad y la más estricta normalidad democrática.
Dudas sobre la legalidad y el encaje jurídico de la movilización
Junto al cuestionamiento de los motivos y la oportunidad de la protesta, CEOE y Cepyme han manifestado serias dudas respecto a la legalidad de la huelga general planteada. En su comunicado, las organizaciones empresariales inciden en que la información de la que se dispone hasta el momento no permite realizar un diagnóstico definitivo sobre la iniciativa, de manera particular en lo relativo a su estricto encaje dentro del marco jurídico vigente.
A este respecto, las patronales recuerdan que la huelga anunciada se encuentra en estos momentos pendiente de ratificación por las estructuras sindicales correspondientes, carece de una fecha fijada para su desarrollo y no ha sido formalizada a través del registro del preaviso legalmente exigido por la normativa reguladora del derecho de huelga.
Ante este escenario, las representaciones empresariales han anunciado que someterán a un exhaustivo análisis la convocatoria formal definitiva una vez que esta se materialice. Las organizaciones estudiarán al detalle los objetivos específicos, el ámbito territorial y sectorial, así como el grado de cumplimiento de los requisitos contemplados en la ley, con la finalidad prioritaria de salvaguardar la seguridad jurídica y asegurar el funcionamiento ordinario de la actividad económica y empresarial en el país.
