El presidente Pedro Sánchez anuncia que la medida servirá de base para el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, el cual contará con una dotación presupuestaria inicial de 500 millones de euros.
MADRID. — En el día en que concluye el plazo oficial para acceder a la regularización extraordinaria de extranjeros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el proceso ha superado el millón de solicitudes registradas. El jefe del Ejecutivo ha celebrado el éxito de la convocatoria, subrayando que este volumen masivo de peticiones demuestra, de forma inequívoca, que se trataba de una medida «necesaria» para el país.
El anuncio ha tenido lugar este martes en Madrid durante la inauguración de las jornadas de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía. Sánchez ha remarcado que la primera y más urgente medida de este nuevo paquete de políticas públicas ha sido, precisamente, esta regularización excepcional, concebida para dotar de permisos de residencia y de trabajo a la población migrante que ya reside y aporta activamente en España.
Un plan dotado con 500 millones de euros y la mirada en 2030
El presidente ha detallado que el Plan de Integración y Ciudadanía contará con un respaldo financiero de 500 millones de euros durante su primer año de vigencia. Se trata de una hoja de ruta integral a medio y largo plazo que se estructura en torno a una arquitectura institucional muy clara: 4 ejes estratégicos, 16 medidas concretas y 10 objetivos clave fijados con el horizonte temporal del año 2030.
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Más allá de la incorporación al marco legal del millón de solicitantes actuales, el jefe del Ejecutivo ha avanzado otras dos grandes reformas estructurales que se engloban dentro del plan:
- Estrategia de movilidad laboral: Se diseñará un nuevo marco normativo orientado a la apertura de vías legales, ordenadas y plenamente seguras para la contratación y llegada de trabajadores extranjeros.
- Agencia Estatal de Movilidad Humana: Se procederá a la creación y puesta en marcha de un nuevo organismo público encargado de centralizar, gestionar y monitorizar los flujos migratorios y los procesos de inclusión social en el territorio nacional.
Con este anuncio, el Gobierno da por cerrado el plazo de contingencia de entrega de documentación y abre paso a la fase puramente administrativa de resolución de expedientes, consolidando un nuevo paradigma en la política migratoria del país.
