La defensa de Begoña Gómez ha aportado al juzgado una serie de correos electrónicos que evidencian la participación de María Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, en gestiones relacionadas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Estos documentos son clave para entender el papel de Álvarez mientras Gómez codirigía un máster en la institución.
Uno de los correos, al que tuvo acceso RTVE, muestra cómo la UCM solicitó a Álvarez que firmara la propuesta de pliego de adjudicación del software asociado a la cátedra dirigida por Gómez. Además, miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) proporcionaron a Álvarez información sobre el registro del dominio de la página web.
En un correo fechado el 6 de octubre de 2022, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la OTRI, escribieron a Álvarez: «Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación». Este correo también fue enviado a Begoña Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva.
Aunque Álvarez figura con un correo personal, en otros documentos del sumario aparece con una cuenta oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. Esto sugiere que su implicación iba más allá de un interés personal, involucrando también su rol oficial.
Entre los correos presentados por la defensa, destaca uno enviado por María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, a Gómez, Álvarez, Juan de Castro y Juan Manuel Ruano, codirector del máster. En este correo, fechado el 24 de abril de 2023, Sánchez Rosales indica que «el pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña», refiriéndose al documento por el que se investiga a Gómez por un presunto delito de intrusismo.
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Otro correo relevante, enviado el 11 de mayo de 2023 por Sánchez Rosales a Gómez y Álvarez, contiene la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares. La defensa de Gómez, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, ha utilizado estos correos para solicitar al juez que cite a declarar a las dos miembros de la OTRI y a Sánchez Rosales como testigos.
En un escrito presentado recientemente, la defensa argumenta que los correos demuestran que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas, fue porque la Universidad Complutense así lo indicó expresamente. Además, se insiste en que las instrucciones sobre el registro del dominio de internet fueron proporcionadas por las miembros de la OTRI.
