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El exasesor ministerial Koldo García ha lanzado un último intento para tratar de frenar el juicio que arranca el próximo martes en el Tribunal Supremo por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas. Al haber agotado la vía de recursos ordinarios, su defensa ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de derechos fundamentales.
El conflicto sobre la competencia judicial
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El punto central de la disputa es qué tribunal debe juzgar el caso. La defensa, liderada por la letrada Leticia de la Hoz, sostiene que una vez que el exministro José Luis Ábalos renunció a su escaño y perdió su condición de aforado, el Tribunal Supremo dejó de ser competente. Según este argumento, la causa debería remitirse íntegramente a la Audiencia Nacional para respetar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
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Por el contrario, el Tribunal Supremo ya ha rechazado esta postura en varias ocasiones. El Alto Tribunal mantiene que la competencia queda fijada en el momento en que se dicta el auto de apertura de juicio oral. Dado que en ese momento Ábalos aún era diputado, el Supremo considera que debe mantener el enjuiciamiento de la causa.
Estrategia ante el Tribunal Constitucional
En su recurso, la defensa solicita al Tribunal Constitucional que suspenda de forma cautelar la ejecución del auto del Supremo antes de entrar a analizar el fondo del asunto. El objetivo es evitar que el juicio comience la próxima semana, argumentando que, si el Constitucional dictara sentencia más adelante dándoles la razón, el pronunciamiento sería inútil si el juicio ya se hubiera celebrado.
Contexto del procedimiento
La investigación se originó en 2024 en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia. Actualmente, el proceso se encuentra dividido: el Tribunal Supremo juzga la parte que afecta a Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, mientras que el resto de la trama continúa bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional.
