El Gobierno de coalición enfrenta una crisis tras la decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los trabajadores que perciban el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta medida, anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado un fuerte rechazo dentro del propio Ejecutivo, especialmente por parte de Sumar, que ha calificado la decisión como una «torpeza» y una «imposición unilateral».
La tensión se hizo evidente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, evidenciaron las discrepancias dentro del Ejecutivo. Sumar ha respondido con la presentación de una proposición de ley en el Congreso para eximir a los trabajadores que cobran el SMI de pagar el IRPF, una iniciativa que podría contar con apoyos suficientes para salir adelante, desafiando así la disciplina interna de la coalición.
Una crisis de amplio impacto
La situación complica la posición del PSOE, que se ha quedado aislado en este debate. Ni la derecha ni sus aliados de izquierda han respaldado la decisión de Hacienda, e incluso EH Bildu ha expresado su desacuerdo. El conflicto ha escalado hasta tal punto que en el bloque socialista del Gobierno califican la estrategia de Sumar como «populismo parlamentario elevado a la máxima expresión». No obstante, fuentes gubernamentales confían en que se alcanzará una solución: «Si logramos pactar con Junts, también podemos hacerlo con ellos», señalan.
Desde La Moncloa, se defiende la aplicación del IRPF sobre el nuevo SMI como una necesidad fiscal. La recaudación esperada de 2.000 millones de euros se destinaría a financiar políticas de vivienda, en un contexto en el que el Gobierno ha tenido que renunciar al impuesto a las energéticas y ha transferido el tributo a la banca a las comunidades autónomas. Sin embargo, este argumento no ha calado en la opinión pública, donde la medida ha sido interpretada como una subida de impuestos a las rentas más bajas.
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Yolanda Díaz refuerza su posición
Lejos de debilitarse, la crisis ha permitido a Yolanda Díaz ganar protagonismo en un momento clave para su liderazgo dentro del espacio de la izquierda. La ministra de Trabajo ha logrado marcar territorio y presentarse como la principal defensora de los trabajadores, a pesar de la tensión interna en el Ejecutivo. Su rápida reacción ha sido valorada positivamente dentro de su formación y en sectores de la izquierda que han visto en esta crisis una oportunidad para reforzar su perfil político.
El desenlace de esta disputa aún está por definirse, pero lo que es claro es que ha dejado al descubierto fracturas dentro del Gobierno que podrían tener repercusiones en la estabilidad de la coalición en el futuro.
