La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado concentraciones en todas las subdelegaciones del Gobierno de España con un mensaje claro: defender los derechos de los empleados públicos, exigir transparencia y garantizar el fortalecimiento del modelo de mutualismo administrativo.
El sindicato ha subrayado su compromiso con los funcionarios y ha denunciado que las condiciones laborales de estos trabajadores han sido injustamente calificadas como privilegios por algunos sectores. CSIF rechaza esta visión y sostiene que se trata de derechos adquiridos mediante la reivindicación y el esfuerzo profesional.
Desde hace años, CSIF ha advertido sobre el progresivo deterioro del mutualismo administrativo y ha denunciado la insuficiencia de la financiación para la asistencia sanitaria de los mutualistas. En octubre de 2024, cuando el Gobierno publicó la primera licitación para la cobertura sanitaria de los funcionarios, el sindicato alertó que la asignación presupuestaria era insuficiente. La falta de interés por parte de las aseguradoras confirmó estas advertencias cuando la licitación quedó desierta en noviembre.
Ante esta situación, el Ministerio de Función Pública anunció una prórroga de nueve meses del actual modelo para garantizar el servicio, una medida que CSIF calificó de inviable debido a la falta de una licitación en plazo. Además, el sindicato ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno, que sigue sin hacer público el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la eficiencia del sistema de mutualidades, ni los cálculos de rentabilidad de las aseguradoras.
El 14 de diciembre, CSIF organizó una multitudinaria manifestación en la sede de MUFACE, a la que asistieron más de 50.000 personas en defensa del mutualismo administrativo. La presión sindical obligó al Gobierno a mejorar su oferta en una segunda licitación, aunque esta también fue posteriormente retirada ante el riesgo de quedar nuevamente desierta.
CSIF ha mantenido una estrategia de presión constante. Ha denunciado la crisis del mutualismo ante la prensa, el Congreso de los Diputados, la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo. Además, ha abierto un servicio de reclamaciones para mutualistas y presentado denuncias ante la Fiscalía General contra aseguradoras por incumplimiento de sus compromisos contractuales.
Ante la falta de soluciones definitivas, CSIF anunció el pasado 28 de enero una convocatoria de huelga para el 13 de febrero si el Gobierno no resolvía la crisis. Como respuesta, el Ejecutivo adelantó la publicación de una tercera licitación el 7 de febrero, con una financiación mejorada en más del 40%. Esta nueva licitación estará abierta hasta el 4 de marzo.
Por ello, CSIF ha decidido aplazar la huelga hasta conocer el desenlace de este proceso, aunque advierte que continuará exigiendo medidas que garanticen la estabilidad del mutualismo administrativo.
“Sin CSIF, todo esto no habría sido posible. No podemos detenernos aquí. Seguiremos denunciando y exigiendo que no se recorten nuestros derechos ni nuestra atención sanitaria”, han declarado fuentes sindicales.
El sindicato reitera su compromiso con los funcionarios y advierte que seguirá vigilante: “¡Con la salud de nuestros funcionarios no se juega!”.
