Saadia es una de las muchas personas afectadas por los cambios inesperados en los contratos de alquiler social gestionados por la Sareb. Con una pensión de aproximadamente 800 euros, Saadia pagaba un alquiler de casi 250 euros hasta que, sin previo aviso, su renta se duplicó en agosto. «No tengo su teléfono ni sé dónde contactar con ellos», comenta a RTVE, reflejando la incertidumbre y la falta de comunicación con la entidad.
Por otro lado, Giselli, madre de tres hijos menores y beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital, ha dado un paso adelante al presentar la primera demanda contra la Sareb por supuestas cláusulas abusivas en sus contratos. Apoyada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Giselli expresa su constante preocupación: «Siempre tengo miedo de qué va a pasar mañana o al día siguiente».
El abogado Diego Redondo explica que la Sareb actúa como una especie de tutor, obligando a los inquilinos a informar sobre cualquier cambio en sus circunstancias personales o económicas que pueda afectar su renta. Esta supervisión estricta genera ansiedad entre los inquilinos, quienes temen repercusiones si no cumplen con estas exigencias.
Sareb defiende su programa social
A pesar de las críticas, la Sareb sostiene que su programa de acompañamiento social está diseñado para ayudar a las familias a mejorar su situación socioeconómica. Según Pau Pérez de Acha, director de Vivienda Social y Asequible de Sareb, el objetivo es que los inquilinos tengan acceso a servicios sociales públicos y conozcan las ayudas disponibles para pagar el alquiler y otros gastos esenciales.
La Sareb afirma que sus contratos están en conformidad con la ley y que no se han incrementado las rentas de manera generalizada. Actualmente, la entidad gestiona más de 8.000 alquileres sociales destinados a personas vulnerables, lo que representa un esfuerzo significativo por ofrecer vivienda asequible.
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Sin embargo, la realidad de inquilinos como Saadia y Giselli pone en tela de juicio la efectividad y equidad de estos programas. La falta de comunicación clara y la imposición de condiciones estrictas son aspectos que deben ser revisados para garantizar que el objetivo de mejorar la situación de los inquilinos se cumpla realmente.
La demanda presentada podría marcar un precedente importante en la defensa de los derechos de los inquilinos vulnerables frente a grandes entidades como la Sareb. Este caso resalta la necesidad de transparencia y justicia en los contratos de alquiler social, asegurando que las políticas implementadas realmente beneficien a quienes más lo necesitan.
