El Gobierno español está diseñando una medida fiscal que podría beneficiar a casi 1,4 millones de arrendadores, quienes se beneficiarían de una bonificación fiscal del 100% en el IRPF por reducir los precios de sus alquileres. Según las previsiones de Gestha, el 65% de los caseros se verían favorecidos por esta exención, mientras que las rentas más bajas y las más altas no se beneficiarían de la medida.
El Ejecutivo español se encuentra trabajando en una propuesta de bonificación fiscal que tiene como objetivo incentivar la bajada de precios en el alquiler de viviendas. Según las previsiones realizadas por la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), un 65% de los caseros, es decir, casi 1,4 millones de arrendadores, se beneficiarían de una exención total en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si deciden reducir el precio de sus alquileres.
La iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda y facilitar el acceso a la misma, ofreciendo incentivos fiscales a los propietarios dispuestos a ajustar los precios de sus arrendamientos. De esta forma, los arrendadores intermedios, aquellos con rentas que no son ni muy bajas ni muy altas, serían los que más sacarían provecho de esta medida, ya que la bonificación del 100% en el IRPF les permitiría reducir sus precios sin asumir pérdidas económicas significativas.
Por otro lado, los caseros con rentas de alquiler muy altas no verían grandes beneficios, ya que los impuestos adicionales que tendrían que pagar podrían contrarrestar los incentivos fiscales. En el otro extremo, aquellos con rentas muy bajas tampoco experimentarían un impacto considerable, debido a que, aunque recibirían la bonificación fiscal, los ingresos por alquiler no serían suficientes para marcar una diferencia importante en su situación económica.
La propuesta del Gobierno pretende aliviar la presión sobre los inquilinos, cuyos precios de alquiler han aumentado considerablemente en los últimos años, y al mismo tiempo, generar un entorno más accesible para el alquiler de vivienda en España. No obstante, algunos expertos consideran que una reducción de los precios por parte de los caseros, aunque positiva, no será suficiente por sí sola para solucionar la crisis del acceso a la vivienda.
El Gobierno continúa evaluando el impacto de la medida y trabajando en otras posibles soluciones para el mercado de alquiler, con el objetivo de garantizar precios más justos y accesibles para todos los ciudadanos. La medida está siendo estudiada a fondo y podría ser implementada en los próximos meses, aunque su efectividad dependerá de la respuesta de los arrendadores y de la implementación de otras políticas públicas complementarias.
