«Este asunto debe ser un asunto de todos, en el que debe de priorizar la solidaridad entre todas las comunidades». Así lo afirma Juan Vivas, que expresa su satisfacción por este acuerdo
El presidente Juan vivas, ha recalcado la importancia que supone el acuerdo del Ministerio de Derechos Sociales, el cual establece el máximo de 132 menores no acompañados que podrán ser acogidos en la ciudad, lo que deriva al reparto de un total de 92 menores entre 2022 y 2023, un hecho que califica como «un hito relevante y estructural«.
«También hemos defendido siempre que Ceuta debe tener un número de menores equivalente a la capacidad que tenemos en función de los recursos disponibles y todo lo que exceda esa capacidad debe ser derivado a otros territorios y comunidades por el bien del menor y por dar materialización a ese principio de solidaridad», destacó ante los medios de comunicación.
El gobierno local ha expresado su satisfacción señalando que este acuerdo «debería de prolongarse en el tiempo como una medida de carácter permanente«, siendo acompañada por, tal y como afirma Vivas «una valoración del excelente trabajo que la Consejera de presidencia y Vicepresidenta primera del gobierno ha llevado a cabo en el área de menores, excelente trabajo que se demuestra a través de este acuerdo que también tiene otros hitos estructurales como son la respuesta que se dio a la pandemia desde la perspectiva del área de menores con el confinamiento de los mismos, la respuesta que se dio al episodio de mayo cuando llegamos a tener más de 1.500 menores, a lo que añadimos también la respuesta que se ha dado solicitándole al gobierno de la nación un mayor esfuerzo para atender la sostenibilidad del área, que se ha traducido en duplicar los recursos que recibíamos, y, finalmente, la respuesta que se ha dado para buscar un plan de viabilidad respecto a la construcción de un nuevo centro de menores tanto desde el punto de vista de ubicación como de financiación».
Juan Vivas valora positivamente este acuerdo y es que, afirma que esto supondrá reforzar y establecer nuevos mecanismos para poder hacer frente a lo que denomina como «una saturación crónica por razón de ser frontera terrestre de España y Europa en África», e insiste en que desde el gobierno local, se pretende continuar con la reducción de ese número, para que así corresponda con la capacidad del nuevo centro que, recalca «estará entre 10 y 150 personas».
