La condena por la devolución ilegal de menores a Marruecos en 2021 ha vuelto al primer plano del debate político en Ceuta a raíz de la actual situación migratoria, con voces críticas que comparan la actuación de entonces con la respuesta de los responsables actuales.
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En septiembre de 2025, la Audiencia Provincial condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación a la exvicepresidenta y consejera Mabel Deu y a la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos por la repatriación de 55 menores no acompañados durante la crisis de mayo de 2021, en una devolución que los tribunales consideraron ilegal.
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A partir de ese precedente, sectores críticos han puesto el foco sobre el papel del actual consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, al que reprochan una respuesta que consideran insuficiente ante la situación vivida en la ciudad, en contraste con la actuación en primera línea que asumieron sus predecesoras en 2021 y que acabó en los tribunales.
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El debate plantea, en el fondo, una tensión entre la exigencia de una actuación contundente ante episodios migratorios excepcionales y las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de decisiones adoptadas al margen de los procedimientos legales, como acreditó la sentencia por los hechos de 2021.
