El Gobierno de España considera una «victoria rotunda» el dictamen emitido por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala la legalidad de la Ley de Amnistía y desmiente las críticas sobre su supuesta naturaleza de «autoamnistía».
El Gobierno de España ha celebrado con optimismo el reciente dictamen emitido por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el que se avala la Ley de Amnistía aprobada en España, asegurando que no vulnera las normativas comunitarias ni afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Según el dictamen, la amnistía no supone una «autoamnistía» como algunos opositores alegaban, ni entra en conflicto con las leyes europeas en relación con el terrorismo y la financiación de las actividades relacionadas.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, definió el dictamen como una «victoria rotunda», destacando que este informe del Abogado General ofrece un respaldo fundamental al Gobierno en su postura sobre la ley. Según Bolaños, el dictamen confirma que la Ley de Amnistía se ajusta al derecho europeo y no presenta incompatibilidades con las normativas internacionales, tal como afirmaban algunos sectores de la oposición y expertos en derecho comunitario.
Además, el informe también ha sido interpretado como una respuesta positiva a las críticas que señalaban que la ley violaba principios fundamentales de la justicia europea, como la lucha contra el terrorismo y la transparencia en la aplicación de la ley. El dictamen subraya que el proceso de amnistía no afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos de la Unión Europea, ni a las normativas sobre terrorismo y violencia.
Este dictamen se produce en un contexto de debate sobre la Ley de Amnistía, que ha sido vista por algunos como un intento de perdonar a los líderes del ‘procés’ independentista de Cataluña, entre ellos Carles Puigdemont, implicados en el referéndum ilegal de 2017. A pesar de las críticas, el Gobierno de España insiste en que la amnistía responde a un compromiso político con el diálogo y la reconciliación en Cataluña.
El Abogado General también se refirió a la necesidad de que el TJUE continúe evaluando si la ley respeta el derecho europeo en relación con las condiciones de justicia y derechos fundamentales. A pesar de que el dictamen no es vinculante, se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie de manera formal en los próximos meses. Mientras tanto, los sectores críticos con la ley, como el Partido Popular, continúan rechazando la Ley de Amnistía, calificándola de una medida política que solo favorece a los independentistas y que pone en peligro el Estado de Derecho.
