El nuevo decreto social, resultado del reciente acuerdo entre el Gobierno y Junts, incluye una serie de medidas que afectan directamente a la gestión de la okupación y los desalojos en España. Entre los puntos más destacados se encuentra la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que se mantiene en línea con lo aprobado anteriormente en el Real Decreto-ley 11/2020, implementado durante la pandemia de COVID-19.
El acuerdo establece que, hasta el 31 de diciembre de 2025, no podrán ejecutarse desalojos ni lanzamientos en casos que involucren personas en situación de vulnerabilidad, independientemente de si existe una sentencia judicial firme en su contra. Esta medida asegura que ninguna persona en estas circunstancias quede sin un techo, reforzando el marco de protección ya existente. Además, los propietarios afectados podrán solicitar compensaciones hasta el 31 de enero de 2026, como se detalla en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tensiones políticas y sociales
El camino hacia la aprobación de este decreto no ha estado exento de controversia. El presidente Pedro Sánchez enfrentó una presión considerable tanto de sus socios como de la oposición. Finalmente, tras intensas negociaciones con Junts, se logró un consenso que permitió aprobar el decreto en el Consejo de Ministros. Este acuerdo no solo incluye la suspensión de desalojos, sino también otras medidas clave como la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte público y el aumento del salario mínimo.
Contexto reciente: incidentes y desalojos en Cataluña
El impacto de estas medidas es especialmente relevante en comunidades como Cataluña, donde los Mossos d’Esquadra se han enfrentado recientemente a desalojos conflictivos, como el ocurrido en la Antiga Massana, en Barcelona. Este operativo culminó con cinco detenidos y diecinueve agentes heridos leves, reflejando la tensión social en torno al tema de la okupación.
Un debate que sigue abierto
Aunque la suspensión de desalojos busca proteger a los colectivos más vulnerables, el decreto reabre el debate sobre el equilibrio entre los derechos de los propietarios y la protección social. Los defensores del acuerdo argumentan que es una medida necesaria en tiempos de crisis económica y habitacional, mientras que los críticos alertan sobre posibles abusos por parte de los inquiokupas.
Por ahora, el Real Decreto-ley 1/2025 representa un esfuerzo por mantener las medidas de protección social, pero también plantea nuevos retos para gestionar la convivencia entre derechos fundamentales y la propiedad privada. Con un horizonte fijado hasta 2025, el impacto de estas decisiones será materia de análisis en los próximos años.
