La formación liderada argumenta que la actual responsable del área de Hacienda decidió abonar más de 1.000.000 millón de euros «por echar lejía en nuestras calles para suprimir de los encargos realizados al grupo Tragsa»
El MDyC asegura haber estado revisando la situación de las actuaciones realizadas por la empresa agraria Tragsa y Tragsatec en la ciudad autónoma. Unas actuaciones que, señalan, se han traducido en «retrasos» en la ejecución de las obras que se le han venido adjudicando, aunque apuntan que la obra programada en Juan XXIII «se quedó sin hacer». Además, denuncian «los elevados precios y tarifas» que se le facturan al Ayuntamiento.
«Con todo, y sobre todo por la decisión adoptada de adjudicarles a Tragsa y Tragsatec por parte del Ejecutivo local las obras que han ido surgiendo, y que en palabras del propio presidente del grupo sirvieron para que mantuvieran su actividad se sometían a la fiscalización y control por parte del área de Intervención de la ciudad, de la que queremos destacar varios reparos, siendo uno de los más generalizados el que hace referencia, como conclusión, a que Tragsatec ha podido generar un enriquecimiento injusto constituido por la diferencia entre la cantidad recibida de la Ciudad y el importe efectivamente gastado en el servicio contratad», aseguran desde el partido localista.
La formación liderada argumenta que la actual responsable del área de Hacienda decidió abonar más de 1.000.000 millón de euros «por echar lejía en nuestras calles, suprimir de los encargos realizados al grupo Tragsa la necesidad de fiscalización previa de esos encargos por parte de la Intervención». Una decisión «impropia y absolutamente inadecuada de quien debe velar por la transparencia y la legalidad de los procedimientos que finalmente, se pagan con dinero de todos los ceutíes».
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«A cualquiera nos resulta inimaginable que las empresas que facturan a la Ciudad puedan eludir el control de la administración, es más, pequeñas empresas que facturan cantidades nimias son fiscalizadas antes de procederse al pago, sin embargo, la señora Chandiramani prefiere el ordeno y mando y eliminar, a golpe de Decreto (concretamente de fecha 9 de febrero de 2023) algo tan esencial en cualquier sistema democrático como es la fiscalización y en este caso de la que deben realizar desde los servicios técnicos del ayuntamiento».
Por ello, exigen a Chandiramani que «recule» en esta decisión, la deje sin efecto y se mantenga la fiscalización por parte de los Servicios Técnicos de la Ciudad. O que deje sin pasar por la fiscalización de la Intervención local todos los grandes contratos que se adjudiquen.
