El Frente Polisario ha intensificado sus críticas hacia España y la Unión Europea tras la reciente Reunión de Alto Nivel entre Madrid y Rabat. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Polisario, pidió que la UE deje de “eludir vergonzosamente” las sentencias de su propio Tribunal de Justicia y reclamó a España asumir su responsabilidad como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, en lugar de someterse “de manera humillante al chantaje de Marruecos”.
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Estas declaraciones se produjeron durante la inauguración de la octava sesión ordinaria del Secretariado Nacional del Frente Polisario, coincidiendo con la aplicación provisional del nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, que extiende preferencias arancelarias a productos procedentes del Sáhara Occidental.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en octubre de 2024 el acuerdo agrícola por falta de consentimiento del pueblo saharaui. Sin embargo, un año después, los Estados miembros aprobaron, por vía escrita y sin debate, una versión modificada que mantiene las preferencias comerciales y trata de eludir las exigencias de etiquetado establecidas por la justicia comunitaria.
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El Polisario ha anunciado una nueva ofensiva jurídica contra Bruselas. Oubbi Buchraya, asesor especial de Ghali para recursos naturales y asuntos jurídicos, confirmó que presentarán un recurso ante el Tribunal General de la UE durante este mes, centrado en la aplicación provisional del acuerdo modificado. Según Buchraya, el proceso de negociación “es inexplicable”, dado que la Comisión Europea habría obtenido el plácet el 10 de septiembre y confirmado el acuerdo apenas cinco días después, lo que sugiere negociaciones discretas con Rabat previas a la sentencia de 2024.
Además, el asesor saharaui denunció que los Estados miembros han recurrido a un voto escrito que evita el debate político y que el Parlamento Europeo quedó excluido mediante la figura de aplicación provisional. Criticó también la utilización de la noción de “consentimiento implícito” para legitimar un acuerdo que, según él, contradice el derecho internacional, así como el uso de denominaciones administrativas marroquíes para referirse a territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, “abrazando el léxico de la ocupación”, según sus palabras.
