La Junta de Andalucía critica un «nuevo agravio» después de que el Ejecutivo central haya negado de forma reiterada la condición oficial de Frontera Sur. La decisión limita el acceso a recursos y compensaciones, mientras que el Gobierno esgrime que el mayor flujo migratorio se concentra en otras zonas.
El Gobierno de España ha rechazado la solicitud reiterada por parte de la Junta de Andalucía para que la comunidad autónoma sea reconocida oficialmente como «Frontera Sur» a efectos migratorios. Esta condición de frontera oficial es crucial para acceder a fondos y recursos específicos de la Unión Europea y del Estado, destinados a gestionar la presión migratoria, la acogida y la integración de personas migrantes.
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La controversia se ha intensificado tras la negativa del Ejecutivo, que, según las fuentes periodísticas, argumenta que Andalucía no es actualmente la «principal puerta de entrada de inmigrantes ilegales» a España.
La clave está en los recursos y los menores
El reconocimiento como Frontera Sur es una reclamación constante de la Junta, a través de la Consejería de Inclusión Social y el Foro Andaluz para la Integración de Personas Migrantes. La comunidad, con cerca de 900 kilómetros de costa a solo 14 kilómetros del continente africano, sostiene que su posición geográfica la convierte de facto en una puerta de entrada crucial, lo que genera un sobreesfuerzo constante.
La principal preocupación reside en la gestión de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). La Junta reclama un mecanismo de financiación y reparto más justo, equiparable al que se establece para otros territorios reconocidos. Al negarse la condición de Frontera Sur, la comunidad siente que se le despoja de las herramientas necesarias para compensar los costes de la sobreocupación.
Agravio comparativo con otras Comunidades
La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha criticado duramente esta postura, tachándola de «nuevo agravio comparativo» y «desprecio» hacia Andalucía.
La crítica se intensifica al comparar la situación andaluza con la de otras comunidades. Mientras que el Gobierno rechaza el estatus de Frontera Sur para Andalucía, comunidades como el País Vasco o Cataluña han logrado el reconocimiento de un «efecto frontera» o incluso han obtenido cesiones de competencias en materia migratoria, como la gestión de fronteras y la expedición del NIE en el caso catalán.
La Junta insiste en que, a pesar de que el flujo pueda ser fluctuante, la Comunidad sigue siendo un territorio clave para el tránsito de migración irregular y que la negación de su estatus es un «despropósito político» que ignora su realidad geográfica y social.
