Génova descarta la responsabilidad de contener el crecimiento de Santiago Abascal y acusa al Gobierno de alimentar a la «ultraderecha» con medidas como la regularización de inmigrantes. Mientras, las negociaciones para las investiduras en Aragón y Extremadura se mantienen en punto muerto a la espera del test electoral en Castilla y León.
El Partido Popular ha adoptado una postura de calma estratégica ante el ascenso electoral de Vox, una tendencia confirmada en los recientes comicios de Extremadura y Aragón. Lejos de asumir como propio el reto de frenar a la formación de Abascal —que abandonó los gobiernos autonómicos en julio de 2024—, el equipo de Alberto Núñez Feijóo sostiene que esa tarea corresponde exclusivamente a Pedro Sánchez. Para Génova, el hecho de que el bloque de izquierdas «pierda sistemáticamente» es la prueba de que la estrategia de la Moncloa ha fracasado.
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La estrategia del «miedo» y la regularización masiva
Desde las filas populares se acusa directamente al presidente del Gobierno de ser el principal motor del crecimiento de Vox. Según fuentes del PP, Sánchez utiliza medidas de gran calado ideológico, como el reciente acuerdo para la regularización extraordinaria de más de 500.000 extranjeros, para «emocionar» el voto y alimentar a la ultraderecha, buscando presentarse después como el único «refugio» posible.
Sin embargo, el PP saca pecho de los datos: en Extremadura y Aragón, el bloque de la derecha ha superado el 50% de los votos (alcanzando incluso el 60% en territorio extremeño). En Génova subrayan que el PSOE ya no compite por ganar, sino por no ser superado por Vox como segunda fuerza, señalando como ejemplo la irrelevancia de Podemos frente al ascenso de figuras como Alvise Pérez.
Negociaciones en pausa: el factor Castilla y León
A pesar de la euforia por los datos, la gobernabilidad sigue siendo un rompecabezas. Las negociaciones para la investidura en ambas comunidades se encuentran en situaciones distintas pero igualmente complejas:
• Aragón: El pacto se da por seguro, aunque Vox exige cuotas de poder proporcionales a su resultado.
• Extremadura: Las conversaciones están «enquistadas». María Guardiola tiene como fecha límite el 3 de marzo para la primera sesión de investidura, pero la falta de acuerdo con Vox podría llevar el proceso hasta el límite del 3 de mayo, fecha final para evitar la repetición electoral.
La parálisis no es casual. Tanto el PP como Vox tienen la mirada puesta en las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo. En Génova creen que, tras esa cita, las negociaciones se desbloquearán, confiando en que el resultado allí confirme la hegemonía del bloque de derecha y obligue a Vox a rebajar sus pretensiones o al PSOE a afrontar un nuevo desplome.
