La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado el auto de apertura de ejecutoria de la sentencia del denominado caso Koldo, requiriendo formalmente a los condenados el abono de 647.000 euros en concepto de multas, indemnizaciones y decomiso de ganancias ilícitas. La resolución judicial fija un plazo estricto de 15 días para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama procedan al pago de las cantidades impuestas tras el juicio por el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.
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En el desglose de las sanciones económicas pecuniarias, el alto tribunal exige el pago de 52.500 euros en multas a José Luis Ábalos, 45.750 euros a Koldo García y 75.000 euros a Víctor de Aldama. De forma paralela, el auto establece la responsabilidad civil solidaria sobre el exministro y su antiguo asesor, quienes deberán indemnizar de manera conjunta a las empresas públicas Ineco con 34.450 euros y a Tragsatec con 9.500 euros por los perjuicios patrimoniales causados a ambas entidades estatales.
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Decomiso de beneficios ilícitos y liquidación de penas de prisión
El fallo judicial señala que las mordidas derivadas del delito de cohecho ascendieron a un total de 430.298 euros, montante que fue repartido entre los tres implicados bajo la operativa liderada por Aldama. Para garantizar la restitución del dinero público, la Sala ha dictaminado la responsabilidad solidaria de los tres condenados hasta cubrir la totalidad de las ganancias declaradas en la sentencia. La gestión y ejecución de los bienes embargados quedará bajo la supervisión directa de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
Junto a las medidas de carácter económico, el Tribunal Supremo ha practicado la liquidación oficial de las condenas privativas de libertad. La resolución determina que Ábalos afrontará un tiempo máximo de cumplimiento de 15 años y 18 meses de prisión, mientras que en el caso de Koldo García el límite máximo de internamiento penológico queda fijado en 15 años de cárcel, activando la vía de apremio sobre sus patrimonios si no satisfacen los pagos en el plazo otorgado.
Comparecencias semestrales y suspensión condicional para Aldama
Por su parte, el empresario Víctor de Aldama ha evitado el ingreso directo en prisión tras acordarse la suspensión de la ejecución de sus penas privativas de libertad, medida supeditada al cumplimiento estricto de una serie de condicionantes judiciales. El auto le requiere para comparecer en el juzgado en un plazo de 15 días con el fin de ratificar su conformidad para prestar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Asimismo, la resolución del alto tribunal impone a Aldama la obligación de personarse semestralmente ante la Sala Penal para informar de forma detallada sobre sus actividades empresariales y mercantiles, acreditando la absoluta observancia del ordenamiento jurídico. Con este requerimiento de ejecución, el Supremo da por concluida la fase de enjuiciamiento de la trama, abriendo el procedimiento de cobro e ingreso en prisión de los principales responsables.
