La Sala de lo Penal impone al fiscal general, Álvaro García Ortiz, la máxima sanción posible bajo el delito de revelación de secretos por revelar información confidencial relacionada con el caso tributario de Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo ha anunciado una sentencia histórica: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a dos años de inhabilitación especial y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración del correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía fraude fiscal y proponía un pacto con la Fiscalía. Además, la resolución incorpora una indemnización de 10.000 euros destinada al afectado.
La decisión llega tras meses de controversia política y judicial, y establece que García Ortiz fue responsable de difundir ese correo a la prensa la noche del 13 de marzo de 2024, mientras la Fiscalía preparaba información para responder a los mensajes y bulos que circulaban desde el entorno de la presidenta madrileña. El tribunal considera probado que el fiscal general tuvo un papel determinante en aquella filtración.
Una sentencia dividida en el Supremo
La resolución no ha sido unánime. La Sala de lo Penal se ha dividido y ha contado con dos votos particulares en contra, los de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, partidarias de la absolución. De hecho, Polo era inicialmente la magistrada ponente, pero al quedar en minoría tuvo que ceder la redacción final al presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, cuyo texto definitivo se conocerá en los próximos días.
La inhabilitación no será efectiva de inmediato: entrará en vigor cuando se notifique la sentencia completa, lo que supondrá la salida obligada de García Ortiz de la Fiscalía General del Estado.
Un juicio marcado por la falta de pruebas directas
El juicio, que quedó visto para sentencia el 13 de noviembre tras seis intensas sesiones, giró en torno a la existencia —o ausencia— de pruebas que acreditaran que el fiscal general ordenó difundir el correo electrónico. Durante el interrogatorio, García Ortiz fue tajante:
“No, no lo he hecho llegar”, respondió al ser preguntado si él había filtrado el documento o dado la orden de hacerlo.
La Abogacía del Estado sostuvo una tesis similar: “No hay absolutamente ningún indicio, ninguna prueba de que ese correo llegase porque así lo ordenase el fiscal general”.
El propio García Ortiz defendió que la Fiscalía nunca perjudicó a González Amador y que las gestiones de aquella noche iban encaminadas a preparar una nota de prensa oficial para desmentir los bulos que señalaban que la institución había retirado un supuesto pacto por “órdenes de arriba”.
El papel del entorno de Ayuso y los bulos señalados en la vista
Buena parte del juicio se centró en si el correo filtrado era realmente secreto en el momento de su publicación o si ya había sido difundido desde dentro del propio entorno de González Amador. Los magistrados analizaron especialmente si el comisionista había roto él mismo la confidencialidad al enviar un correo a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Ayuso, quien posteriormente lo remitió a decenas de periodistas.
Durante el juicio, Rodríguez reconoció haber difundido información falsa sobre el supuesto pacto fiscal. “No tengo ninguna fuente”, admitió ante los jueces, tras asumir que lanzó acusaciones sin pruebas. También añadió nuevos señalamientos durante la vista, afirmando sin demostrarlo que “Hacienda no le ha permitido llegar a un acuerdo”.
Todo ello contribuyó a un ambiente judicial marcado por acusaciones cruzadas, interpretaciones políticas e intentos de reconstruir cómo llegó exactamente la información a los medios.
Una decisión con gran impacto institucional
La condena a García Ortiz supone un terremoto dentro del Ministerio Público, al afectar directamente a su máximo responsable. La inhabilitación de dos años lo apartará de cualquier función fiscal, incluyendo su puesto al frente de la institución. La sentencia también deja un precedente relevante sobre el manejo de información reservada dentro de la Fiscalía y el uso de documentos internos en contextos de enfrentamiento político.
A partir de la notificación oficial, se abrirá el proceso para designar un nuevo fiscal general en un momento de máxima tensión entre las instituciones del Estado.
