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El debate en torno a la aplicación de las normativas de nacionalidad para descendientes de españoles ha vuelto al centro de la polémica jurídica y política. El Tribunal Supremo ha puesto el foco en la similitud entre las instrucciones aplicadas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y la actual Ley de Memoria Democrática (conocida como Ley de Nietos) impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Puntos clave de la controversia:
- El precedente de Zapatero: Bajo la Ley de Memoria Histórica aprobada en la etapa de Zapatero, se nacionalizó a un total de 373.616 nietos de españoles. Aquel proceso se ejecutó mediante una instrucción dirigida a los Registros Civiles que establecía una presunción general: se consideraba directamente como exiliado a cualquier ciudadano que hubiera salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir una prueba documental individualizada del exilio político.
- El criterio del Tribunal Supremo: El Alto Tribunal ha señalado recientemente que conceder la nacionalidad —y, por extensión, derechos políticos como el voto— de forma automatizada y sin exigir la acreditación real del exilio de los abuelos «no parece ajustarse» a la norma legal. Esta valoración ha derivado en medidas cautelares para suspender el sufragio a aquellos beneficiarios inscritos que no demuestren de manera fehaciente su condición de descendientes de exiliados. Confilegal
- Repercusión política actual: La revelación pone de relieve que el modelo actual replicó el mecanismo de la etapa socialista anterior. Mientras que los sectores impulsores de los recursos judiciales (como Vox y asociaciones jurídicas) defienden la necesidad de proteger la legalidad y la pureza del censo electoral, desde los sectores gubernamentales se critica el bloqueo judicial por el impacto que tiene sobre miles de ciudadanos ya inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes).
La decisión del Supremo mantiene un escenario de alta tensión institucional sobre la validez de los procedimientos de nacionalización masiva y los derechos de participación política de sus titulares.
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